ERIK SOLHEIM ROCHA @Erik_Reportero
4 de abril de 2017 / 06:35 p.m.

MONTERREY.- Ante el fallo establecido por un Tribunal Federal en torno al caso Medina, los diputados locales coincidieron que la Subprocuraduría Anticorrupción ha sido ineficiente para integrar los expedientes de ese y otros casos.

El diputado Samuel García de Movimiento Ciudadano, cuestionó que en otros estados de la República, los gobernadores si han ejercido acciones penales contra ex funcionarios, no así en el caso de Nuevo León.

“No dan una, la verdad es que muchos errores”.

“Pues muy mal porque cada vez hay menos esperanzas de ver al ex gobernador en la cárcel y en otros estados todo lo contrario”, dijo.

“Queremos acción, resoluciones y ya no tanto show como en el estado de Nuevo León nos han acostumbrado”, señaló.

Arturo Salinas, coordinador de los panistas, señaló que la Subprocuraduría Anticorrupción, ha "pateado el bote" en el caso Medina, y que el proceso cada vez se inclina más a favor del ex mandatario.

“Es una vergüenza para el estado de Nuevo León lo que ha estado pasando que los jueces federales estén señalado que las carpetas están mal integradas”, dijo.

“Está buscando (La Subprocuraduría Anticorrupción) encubrir, nadie puede cometer tantas pifias tantas veces en un mismo asunto, por fortuna le quedan los días contados a Ernesto Canales”, señaló.

En tanto, Héctor García, diputado del PRI, anticipó que el nuevo contrato del estado con KIA que se entregará a la defensa de Medina podría terminar por ex culpar al otro mandatario estatal.

“Le exigirán que muestren el contrato con Kia que seguramente será muy similar al que firmó el anterior gobierno y esto indica que entonces no hay delito”.

“Creo que es momento que el Gobernador retire de su cargo a Ernesto Canales, creo que ya no debe de estar ahí”, consideró.

García señaló que la Subprocuraduría Anticorrupción ha fallado debido a que actúa en base a venganzas personales y pugnas políticas.

Un Tribunal Federal declaró infundada la queja de la Subprocuraduría Anticorrupción en contra de la juez federal Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, al considerar que no había elementos para acreditar la parcialidad que la dependencia estatal buscaba imputarle.