DANIELA GARCÍA
4 de agosto de 2016 / 07:54 p.m.

MONTERREY.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo León se sumó a los reclamos de la iniciativa privada contra las autoridades federales, ante la falta de medidas para prevenir los bloqueos por el sector magisterial.

En un comunicado, el organismo se posicionó en contra de los bloqueos y protestas que han afectado al sector industrial del sur del país, llegando a sumar pérdidas por hasta 120 millones de dólares.

"Los industriales de Nuevo León, representados por Caintra, se unen al llamado de atención que el sector empresarial de México hace a las autoridades federales, exigiendo acciones inmediatas y contundentes que lleven al restablecimiento del estado de derecho en varios estados del sur del país, presas de las protestas continuas de diversos grupos magisteriales", comentó Caintra en el escrito.

Destacó que los bloqueos "a la libre circulación" han colapsado la actividad económica no sólo de las zonas donde se han estado llevando a cabo, sino en el resto del país impactando a diferentes industrias que tienen operaciones ahí o deben circular tanto por autotransporte o ferrocarril con productos o insumos.

Este tipo de acciones son delito federal, destacó, y generan afectaciones a la cadena de valor, sobrecostos y problemas de abasto. Pero el impacto a la imagen del país en materia de seguridad, judicial y certidumbre en la inversión extranjera y nacional, también le preocupan, así como la posible pérdida de empleos.

"Caintra ha sido receptora de casos particulares de industrias que, por estos hechos ahora cotidianos, han estado al borde del paro técnico o de erogaciones diarias millonarias por tener embarques detenidos en diferentes puntos, llegando a sumar más de 120 millones de dólares sólo por el bloqueo ferroviario establecido hace unos días", destacó.

Se sumó a los llamados del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Concamin en la búsqueda de un "pleno" estado de derecho en México, al tiempo que se dijo confiado en que las negociaciones y acuerdos funcionen entre el Gobierno Federal y los grupos que protestan.