REDACCIÓN
16 de junio de 2016 / 08:22 p.m.

Monterrey.- Los ex funcionarios de la pasada administración comenzaron a tramitar amparos en contra de acciones de la Procuraduría de Justicia y de posibles actos de los jueces de control.

Los primeros que acudieron a solicitar la protección de dichas autoridades son el ex alcalde del municipio de Juárez, Rodolfo Ambriz Oviedo, y el ex tesorero estatal, Rodolfo Gómez Acosta.

De acuerdo a las listas que publican los juzgados federales, Ambriz Oviedo promovió el amparo 334/2016 en el juzgado tercero de distrito en materia penal, en cual solicitó que se le prohibiera al agente del Ministerio Público iniciarle alguna averiguación y a los juzgadores dar trámite a cualquier orden de aprehensión.

En ese mismo juicio de garantías, el ex alcalde pidió protección en contra de una posible orden de aprehensión que pueda enfrentar.

Al analizar los primeros puntos de las solicitudes que hizo Ambriz Oviedo, el juzgador le negó suspensión definitiva y solo se la concedió en lo que se refiere a una posible orden de aprehensión.

Otro que acudió a la protección del juez primero de distrito fue el ex tesorero, Rodolfo Gómez Acosta, quien promovió el amparo 321/2016 en contra de acciones, principalmente, del agente del Ministerio Público que lo investiga.

En su petición, el ex funcionario estatal argumenta que el representante social está actuando con ilegalidad en su contra y le está impidiendo tener una defensa adecuada violentando sus derechos humanos, porque se niega a darle conocimiento de los hechos que le atribuye y no le permite preparar a los testigos y las pruebas que puede presentar a su favor.

Con esos argumentos, Gómez Acosta consiguió la suspensión provisional de amparo, con lo cual, aseguran los conocedores de la materia, tendrá acceso a lo que hasta el momento ha actuado el agente del Ministerio Público que le integra la carpeta judicial por los delitos en los que, supuestamente, incurrió durante su gestión.

En ambos casos están pendientes el desahogo de las audiencias constitucionales para la resolución definitiva dentro de los juicios de garantías que promovieron.