SANDRA GONZÁLEZ
26 de julio de 2016 / 06:50 p.m.

MONTERREY.- El ex secretario de Finanzas y Tesorero del Estado, Rodolfo Gómez Acosta, quedó vinculado a proceso por tres delitos derivados del caso Kia.

Estos son daños contra el patrimonio del Estado y municipios, peculado y ejercicio indebido de funciones públicas, por los cuales alcanzaría una pena máxima de 36 años y no tendría una medida alternativa como fianza.

Este martes, quien fuera funcionario de primer nivel en la administración de 2009-2015 de Rodrigo Medina de la Cruz, arribó minutos antes de las 9:00 horas al Palacio de Justicia para presenciar las audiencias de imputación y vinculación que se realizaron en la Sala Primera, proceso que duró nueve horas.

"Estamos preparados para esta audiencia, estemos atentos al proceso (...) no podemos dar más detalles por el proceso legal que está en curso", señaló a la entrada al Palacio de Justicia.

Tras escuchar las acusaciones de la Subprocuraduría Anticorrupción, Gómez Acosta se acogió a los beneficios del artículo 20 para no declarar, y tras ser imputado, solicitó la audiencia de vinculación para el mismo día.

Al ex tesorero se le considera autor material en forma dolosa del daño al erario por 3 mil 608 millones 504 mil 688 pesos, al entregar incentivos fuera de la ley y realizar contratos irregulares para beneficio de la empresa surcoreana de forma anticipada.

Se trata de 25 contratos, de los cuales en diez se autorizaron
diferentes sumas de dinero para la adquisición de servicios como la compra de terrenos, la construcción de un centro de capacitación y la instalación de una estación de bomberos, entre otros.

En la audiencia se informó que todavía en noviembre de 2015, cuando ya había terminado la administración de Medina de la Cruz, el Gobierno del Estado realizó erogaciones a la empresa extranjera.

Los otros implicados son Rolando Zubirán, Víctor Martínez, Luis Marroquín, Celina Villarreal, Jaime Parada Ávila, Fernando Gutiérrez Moreno, Juan Francisco Livas Cantú, José Gloria, Patricia Aguirre y Federico Vargas.

Aunque la defensa del ex tesorero solicitó la anulación de la imputación por tecnicismos, el juez negó esta posibilidad y se pasó a una etapa de vinculación que es la mitad del proceso.

Como medida cautelar, el juez le impuso la restricción de salir del país por lo cual tiene cinco días hábiles para entregar su pasaporte. Aunado a esto, continúa el embargo de bienes que realizó el estado con un lote y una finca en el municipio de San Pedro.

Aunque la fiscalía solicitó el cobro de una garantía por un millón de pesos, esta fue desechada por el juez Pedro Cisneros Santillán.
Cabe mencionar que el ex tesorero promovió dos amparos, uno por el embargo de bienes y otro contra cualquier orden de aprehensión.

Se dieron seis meses como plazo para cerrar la investigación, por lo que la nueva cita será el 26 de enero de 2017.