18 de noviembre de 2014 / 12:25 p.m.

México, D.F.-  El detenido ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, deberá enfrentar denuncias por al menos 11 asesinatos y desapariciones que involucran también a su esposa, María de los Ángeles Pineda, las cuales fueron presentadas desde junio del año pasado ante el gobierno del estado de Guerrero, de acuerdo con el expediente circulado entre senadores del PRD.

En el documento figuran no sólo los nombres de los perredistas e integrantes de la Unión Popular (UP) Arturo Cardona, Rafael Balderas Román y Ángel Román Ramírez, que fueron asesinados en junio de 2013, sino que además se les acusa de la muerte y desaparición de otros guerrerenses.

"Al revisar la integración de averiguaciones previas, se advierte que se encuentra registrada la número HID/SC/04/745/2013, por denuncia de hechos, en agravio de Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, J. Carlos Dorantes, Rafael Ochoa Ochoa, Justino Amos Osorio Narciso, Ángel Román Ramírez, Feliciano Ortiz Delgado, Gregorio Dante Cervantes, Francisco Abarca Perales, José Daniel Jardon López, Fernando Cruz Manjarrez, contra José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal constitucional en turno, y María Pineda de Abarca", indica uno de los tomos en poder de la bancada perredista en el Senado.

Se refiere en el tomo VI que del presente se desprende la declaración de diversos integrantes de la UP, los cuales se encontraban presentes en la mesa de trabajo que se llevó a cabo el día anterior a la desaparición Arturo Hernández Cardona, Feliz Rafael Balderas Román, Ángel Román Ramírez, Efraín Amata Luna, Jimi Castrejón, Gregorio Dante Cervantes y Héctor Arroyo Delgado.

"Declaran que el día de la mesa de trabajo, José Luis Abarca y Arturo Hernández discutieron; personal de Abarca le dijo que no se metiera con él porque de todas formas Arturo Hernández ya era hombre muerto".

Se detalla que de las declaraciones de uno de los secuestrados, el primero en morir fue Arturo Hernández y éste fue asesinado directamente por Abarca.

"Cuando iban a ser asesinados ya se encontraban sin los ojos vendados, por lo cual pudo reconocer el lugar en el que se encontraban y así se pudo encontrar el lugar en donde se llevaban a cabo diversos asesinatos y se encontraron fosas con cadáveres, copias de credenciales de elector (algunas se encontraban quemadas, pero era posible identificar a las personas a las que les pertenecían) restos de ropa, huesos".

En ese sentido, se menciona que "de las indagaciones se especula que esto tiene que ver con el crimen organizado (narcotráfico)".

Según el expediente, de todo esto el Ministerio Público solicita hacer peritajes en criminalística de campo, fotografía forense, genética forense, química forense, toxicología, etcétera, y se concluye que los cadáveres que se encontraron tenían signos de haber sido torturados antes de haber sido asesinados, también calcinados y mutilados.

Posteriormente se llevan a cabo búsquedas de familiares de las personas que aparecen en la copia de las credenciales para votar y varias de ellas denuncian el asesinato y desaparición de sus familiares.

Por otro lado, también se declara que esas personas se encuentran bien y desconocen la causa de por qué había copias de su credencial de elector en el lugar de donde se hallaron o, en su defecto, denuncian que también fueron privados de la libertad.

Buscan ayuda de ONU

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriela Cuevas, solicitará que el gobierno federal reconozca la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, a fin de coadyuvar en la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

FOTO: Especial

ANGÉLICA MERCADO