MILENIO DIGITAL
25 de abril de 2017 / 04:04 p.m.

SAN ANTONIO.- El ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, transfirió durante su administración unos 5.5 millones de dólares para adquirir propiedades en el área de San Antonio, según documentos recién liberados en una Corte Federal del sur de Texas.

Las autoridades federales de Estados Unidos presentaron una demanda de decomiso de activos en 2014 contra cuatro casas, dos lotes baldíos y una propiedad comercial, que presuntamente Reynoso Femat adquirió en el área de San Antonio, a través de prestanombres.

Las acusaciones, contenidas en la demanda, permanecieron clasificadas hasta la semana pasada, cuando una versión redactada fue archivada en una corte federal en San Antonio, reveló hoy el periódico The San Antonio Express News.

La demanda indica que el ex gobernador panista, quien a principios de este mes fue sentenciado en México a dos años y 10 meses de prisión por el delito de peculado, transfirió durante su administración (2004-2010) dinero de las arcas públicas del estado de Aguascalientes a bancos estadunidenses.

Reynoso Femat utilizó ese dinero para adquirir bienes raíces en el área de San Antonio, que fueron colocados a nombre de su hijo Luis Armando Reynoso López.

"A partir de 2008, Reynoso Femat y su hijo, Reynoso López, conspiraron juntos, y con otros, para desviar el dinero ilegalmente proveniente del estado mexicano de Aguascalientes a través de instituciones financieras en México, a cuentas bancarias que establecieron en Estados Unidos", señala la demanda.

De acuerdo con el San Antonio Express News, los dos lotes baldíos, que conforman un total de 26 hectáreas, y el edificio comercial aún están a nombre de Reynoso López, según muestran los registros de propiedades.

Las cuatro casas fueron trasladadas a una compañía de responsabilidad limitada dirigida por Reynoso López en 2012.

La demanda repite los cargos hechos por las autoridades estatales en Aguascalientes de que Reynoso Femat robó millones de dólares del estado a través de un contrato incumplido para la compra de equipos médicos y la venta de bienes inmuebles estatales.