MILENIO DIGITAL
4 de enero de 2017 / 10:28 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal otorgó un amparo a un niño de 10 años de edad, quien fue dado de baja injustificadamente de una escuela primaria del estado de Yucatán, por padecer Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

El caso derivó porque la madre del menor promovió un amparo en su representación argumentando que su hijo había sido dado de baja de la escuela a la que estaba inscrito debido al rechazo generalizado de compañeros, padres de familia y maestros, pues no se comprendió ni se atendió adecuadamente el padecimiento que tiene.

En el expediente se mencionaba que las autoridades responsables del sector educativo manifestaron que la madre del menor aceptó que el niño fuera inscrito en otra escuela debido a la problemática social que enfrentaba en su comunidad.

No obstante, el Juez Primero de Distrito con residencia en Yucatán, René Rubio Escobar, consideró que la baja fue injustificada, pues además de no constar el consentimiento válido de la madre para dar de baja al menor, no se llevaron a cabo las adecuaciones necesarias para atender su padecimiento y lograr su inclusión en la comunidad educativa.

El juzgador basó su decisión en el hecho de que la Constitución establece el derecho a la no discriminación, la educación de los menores y el respeto a su interés superior, en toda decisión que incida en su desarrollo.

Así, ordenó a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) elaborar un diagnóstico de la situación desde el punto de vista escolar del menor, debiendo considerar que padece TDAH.

Una vez que se conozcan los alcances específicos del padecimiento del menor, las autoridades deberán proponer un plan de trabajo educativo, orientado a lograr su inclusión adecuada a la comunidad educativa a la que pertenece; en ese plan deberán establecerse las acciones que habrá de llevar a cabo la directora de la escuela y los maestros.

Asimismo, se tendrá que contemplar la intervención de un psicólogo especializado para asistir su educación, dado que la autoridad ya se lo había proporcionado, pero no pudo lograr el objetivo propuesto, porque el menor fue dado de baja.

El juez Rubio Escobar señaló que el plan deberá realizarse con el apoyo de especialistas oficiales en materia de psicología infantil, neurología, y otras áreas relacionadas con los conocimientos específicos en el manejo del TDAH, así como en pedagogía y educación básica.

De no contar con ellos, la autoridad local deberá solicitar a otras instituciones públicas el apoyo correspondiente.

El juzgador dejó claro que la supervisora de la SEP en la zona y la directora de la escuela deberán ejecutar el plan de trabajo y vigilar su desarrollo.