MILENIO DIGITAL
28 de octubre de 2016 / 09:35 a.m.

ESPAÑA.- La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España autorizó la extradición a México de Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de 'Los Porkys', donde será juzgado por el delito de pederastia.

Los magistrados rechazaron los argumentos de la defensa y consideraron que se dan los requisitos para acceder a su entrega y que el delito cuya persecución se solicita la entrega es de naturaleza común.

Entre los detalles, están que no se advierte motivación espuria en la demanda, no concurre el instituto de la prescripción dada la fecha de los hechos y no cabe apreciar circunstancias extintivas de la responsabilidad penal, “siendo incuestionable la jurisdicción de México atendido el principio de territorialidad”.

Respecto a la nacionalidad española del reclamado como obstáculo para su entrega, aducida por su defensa, la Sala consideró que “en manera alguna” impide la extradición, conforme al artículo 13.3 de la Constitución y el tratado bilateral España-México.

Los jueces consideraron también que se cumplen los principios de doble incriminación y mínimo punitivo ya la pederastia “podría constituir en nuestro ordenamiento jurídico un delito de agresión sexual, con una pena superior al año de prisión que establece el tratado de extradición”.

Contra este auto cabe recurso ante el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y todo indica que la defensa de Cruz Alonso, de 21 años, lo presentará.

En caso de que la sala desestime dicho recurso, el joven estará de regreso en México en menos de un mes.

El acusado fue detenido el pasado mes de junio en Madrid y era buscado por su presunta implicación, junto con otros tres amigos, en la agresión sexual a una menor en enero de 2015 en Veracruz.

Había huido de México justo antes de que un juez decretara una orden de detención y se escondió en España para eludir la acción de la justicia de su país.

Diego Cruz Alonso fue acusado en México de “pederastia tumultuaria”, por lo que se enfrentaría a una pena de entre 12 y 40 años de prisión, afirmaron las autoridades españolas.