MILENIO DIGITAL
30 de marzo de 2017 / 03:42 p.m.

MÉXICO.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales aseguró una bodega en el municipio de Torreón, Coahuila, en la que había artículos y materiales que fueron entregados en septiembre pasado por el gobierno federal para que se repartieran entre las víctimas de las lluvias en esa localidad, pero han sido entregados con fines electorales.

Esta es la primera vez que esta fiscalía de la Procuraduría General de la República lleva a cabo un cateo y logra el aseguramiento de materiales que son utilizados para condicionar el voto en un proceso electoral.

La Fiscalía que encabeza Santiago Nieto Castillo señaló que lo anterior puede configurar un delito en perjuicio de la Federación.

En la bodega se almacenaban colchonetas, cobijas, despensas, entre otros, mismo que tuvieron que ser entregados a los damnificados por las precipitaciones pluviales en esa localidad.

El hallazgo de los artículos y materiales derivó de una orden de cateo concedida por un juez federal.

Derivado de la investigación que realiza el agente del Ministerio Público de la Federación, se desprende una presunta responsabilidad de las autoridades municipales de Torreón que dieron un mal uso a dichos materiales, ya que los mismos no se utilizaron para la atención del desastre natural y han sido repartidos posteriormente con fines electorales o distintos a los originalmente destinados.

De acuerdo con la pesquisa, se indica que a cinco meses de haber ocurrido la emergencia, no existen registros ni informes respecto al destino de los recursos entregados, lo que hace suponer y presumir que la administración municipal hizo uso ilícito de los recursos otorgados por la Federación.

En el cateo se encontraron 13 mil colchas, mil 500 productos de limpieza para el hogar, 300 cajas de despensa y más de 6 mil productos de limpieza personal para hombres y mujeres.

La Fepade manifestó que realizan todas las investigaciones que se presentan, con plena imparcialidad y persiguiendo los delitos electorales que las personas cometen sin importar filiación partidista o institucional.

El fiscal Nieto Castillo reiteró su compromiso de perseguir el delito de compra y coacción del voto a través del condicionamiento de programas sociales, ya que estos últimos son un derecho social de las personas de escasos recursos y no como dadivas partidistas.