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22 de febrero de 2016 / 12:40 p.m.

México.- El Gobierno de la República echó mano de la embajada mexicana en España y de sus contactos legales en ese país para sacar de la cárcel a Humberto Moreira, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), publicó hoy el diario El País.

De acuerdo a la investigación, el Gobierno de Enrique Peña Nieto también intentó conocer la situación del ex Gobernador de Coahuila "para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel", explica el artículo.

La insistencia de mayor nivel ocurrió el 21 de enero, un día antes de que se celebrara la vista en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordara la libertad de Moreira. En esa ocasión, fue Arely Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y ex senadora del PRI, quien habló vía telefónica con su homóloga Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado, para interesarse por el caso y conocer la posición de los fiscales españoles.

Pero Arely Gómez recibió una negativa en su solicitud, ya que el caso estaba "bajo secreto de sumario" y que por lo tanto el ex Gobernador de Coahuila debía quedarse en la cárcel "porque los delitos eran muy graves".

El día de su detención, -el 15 de enero-, en el aeropuerto de Madrid, funcionarios de la embajada mexicana en España recibieron instrucciones de dedicarle especial atención al caso: mientras algunos diplomáticos mexicanos buscaron prestigiosos abogados que tomaran el caso, otros se encargaron de atender a la familia Moreira, que de acuerdo a El País, se alojó en el hotel Vincci Soho con el que la embajada tiene un convenio de hospedar a los visitantes diplomáticos mexicanos.

La misma tarde y noche de la detención, agentes de la PGR en España comenzaron a indagar en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional los pormenores de la detención, aunque en este caso no se obtuvo respuesta.

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Una semana después de su detención, Humberto Moreira abandonó España con su esposa y regresó a México donde proclamó su inocencia | ARCHIVO

"Estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío", afirma una fuente española.

"En la embajada creyeron que los agentes españoles les revelarían por qué había caído Moreira, pero no lograron su objetivo. Su silencio causó malestar en la legación diplomática ya que, además, en esta ocasión las autoridades españolas no les habían avisado de la detención como hacen habitualmente, según aseguran fuentes cercanas a la embajada. Se enteraron por la prensa digital española", detalla una fuente cercana a la delegación diplomática mexicana al periódico El País.

Pero el interés de la embajada por la situación del populista político mexicano no terminó ahí. El lunes 18 de enero, dos días después de la detención, el cónsul de México en Madrid se trasladó hasta la prisión de Soto del Real para visitar al reo, algo que no es de extrañar ya que se hace con regularidad, aunque según fuentes penitenciarias dijeron al rotativo español que estas visitas nunca se producen con tanta rapidez.

Al mismo tiempo, un funcionario del consulado llamado Víctor telefoneó en varias ocasiones al despacho del abogado Manuel Ollé, el letrado español que asistió a Moreira, para interesarse por el caso y conocer aspectos de la instrucción.

"El Gobierno de Peña Nieto quería saber qué indicios criminales había contra su antiguo colaborador y presunto financiador de su campaña electoral", reitera el artículo.


Ante la negativa de las autoridades españolas, la embajada mexicana lanzó otro intento por conocer los detalles de la detención. Esta vez, amparándose en el artículo 36 de la Convención de Viena.

Preguntaron al juez Pedraz los aspectos relevantes de la investigación, sobre los indicios criminales que había contra su antiguo colaborador y el presunto financiador de su campaña electoral.

Una semana después de la aprehensión de Moreira, el 22 de enero, el juez Pedraz lo dejó en libertad provisional y el 3 de febrero el ex presidente del PRI abandonó España con su esposa y regresó a México donde proclamó su inocencia.

"Se ha marchado sin su teléfono y su Ipad que todavía estaban en poder de la Policía. Parece que tenía mucha prisa", afirmó una fuente de la fiscalía al diario El País.

El juez Pedraz dictó un auto por el que acordaba el archivo provisional de la causa contra Moreira el 9 de febrero, el fin de semana antes había escuchado el audio de un testigo protegido en San Antonio, Texas, y concluyó que las acusaciones que este vertía contra el ex gobernador sobre su supuesta relación con la banda de los Zetas no eran suficientemente concretas.