25 de septiembre de 2014 / 01:55 p.m.

México.-La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se convertirá en la máxima representación legal de la Federación al asumir las actuales facultades de la PGR para promover acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, además de la atribución de tomar a su cargo los asuntos legales de cualquier secretaría de Estado, cuando así lo considere conveniente.

El proyecto de ley de la fiscalía general de la República y reformas a diversas disposiciones reafirma, igualmente, la atribución de la Consejería Jurídica para impugnar ante la Suprema Corte las resoluciones del IFAI por cuestiones de seguridad nacional.

Del mismo modo, podrá requerir en cualquier momento a las entidades paraestatales la documentación e información sobre los asuntos en que sean parte o aquellos en los que intervengan con cualquier carácter.

La iniciativa de Peña Nieto plantea para ello la adición de un nuevo capítulo denominado "De la representación de la Federación" a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El articulado establece que la representación del gobierno federal en todos los asuntos legales en que sea parte corresponderá a la Consejería Jurídica y a las secretarías de Estado, pero advierte también:

"La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal podrá asumir la representación de la Federación en cualquier asunto, independientemente de la etapa procesal, en términos de las normas aplicables (...) En estos casos, la secretaría que hubiere ejercido la representación de la Federación con anterioridad deberá proporcionar a la consejería todos los antecedentes, documentación e información sobre el asunto que se trate".

El consejero jurídico emitirá, asimismo, los lineamientos generales que todas las dependencias federales deberán seguir con la representación del gobierno en todos los asuntos en que formen parte.

Según la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, las nuevas atribuciones de la Consejería Jurídica permitirán la coadyuvancia entre las secretarías de Estado y la información oportuna sobre los asuntos legales de la Federación.

En lo sucesivo, como órgano constitucional autónomo, la Fiscalía General dejará de tener la representación legal de la Federación, pero conservará la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales estrictamente en materia penal y procesal.

Dichos cambios están sujetos a la discusión de los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, encargada de dictaminar la iniciativa y someterla, en su caso, a consideración del pleno en el Palacio de San Lázaro.

FOTO: Milenio

MILENIO DIGITAL/FERNANDO DAMIÁN