NOTIMEX
2 de septiembre de 2015 / 10:23 p.m.

Hermosillo.- La Procuraduría General de la República (PGR) emitió una alerta migratoria para que se inicie la búsqueda, en 189 países, de los principales implicados en el tráfico de menores en el estado de Sonora.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Carlos Navarro Sugich, indicó que solicitó la colaboración de la dependencia federal para que se emita dicha medida, en el marco de una acción de colaboración.

En conferencia de prensa, refirió que la investigación con respecto al tráfico y venta de menores se inició y se consignó en Sonora, en el ámbito de la justicia del fuero común, con base en una denuncia ciudadana interpuesta ante la fiscalía estatal.

La alerta migratoria se emitió para los principales implicados en el caso que son Vladimir Alfredo Arzate Carvajal, ex subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como encargado de la línea PROTEGE.

También contra José Manuel Hernández López, amigo del mencionado ex funcionario del DIF, y ex trabajador del área jurídica de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), quien junto con Arzate Carvajal cobró entre 80 mil y 150 mil pesos por los menores de edad, hijos de madres vulnerables.

El 26 de agosto pasado, la Procuraduría de Justicia estatal consignó a 16 personas por los delitos de incumplimiento de un deber legal, además de suposición, supresión, ocultación y sustitución de infantes, así como de sustracción y tráfico de menores e incapaces.

Navarro Sugich indicó que ocho madres y padres de familia que habían sido detenidos por su implicación en los hechos se encuentran libres bajo fianza, toda vez que el delito que se les imputó no es considerado grave.

Asimismo, anunció, los tres menores –dos niñas y un niño de entre uno y tres años de edad- que fueron recuperados y están bajo resguardo del Sistema DIF regresarán en las próximas horas con las personas que los acogieron.

“Después de haber analizado a conciencia, llegamos al acuerdo de que el mejor lugar para que estas niñas y niños se desarrollen, y la mejor manera de preservar el interés superior de sus derechos, es que regresen a sus casas, las que ellos conocen”, indicó el funcionario.

De igual manera se determinó que aquellos menores que aún no han sido recuperados y que fueron víctimas de esta situación, permanezcan con las personas que los acogieron.

Carlos Navarro Sugich señaló que las niñas y niños deben ser sujetos de la tutela de la PGJE y del Poder Judicial, del Estado sonorense y mexicano, por lo que debe prevalecer el interés superior del menor, contemplado en tratados internacionales sobre la infancia.

El fiscal estatal añadió que “los padres y madres de las niñas y niños han accedido a que se les practiquen las pruebas de ADN para confrontarlas en caso de que otras personas los reclamen como sus hijos biológicos”.

Puntualizó que la investigación sobre la venta y tráfico de menores en la entidad continúa abierta y que hasta el momento suman nueve los menores que han sido identificados relacionados con este caso, y también se les tiene ubicados.