MILENIO DIGITAL | HERIBERTO SANTOS
13 de agosto de 2015 / 10:32 a.m.

Estado de México.- Policías ministeriales y estatales detuvieron a ocho integrantes de La Familia Michoacana, entre ellos dos mujeres y dos menores de edad, quienes se dedicaban a extorsionar y secuestrar a transportistas y comerciantes de varios municipios de la zona oriente del Estado de México.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), explicó que una denuncia anónima reportó a varias personas armadas, que viajaban a bordo de tres vehículos sobre la carretera México-Puebla a la altura del municipio de Valle de Chalco y acababan de extorsionar a un comerciante.

Policías de la PGJEM y de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana montaron un operativo en el que se detectaron tres camionetas que coincidían con la descripción proporcionada, a la altura de la caseta vieja, en la colonia San Isidro.

Los ocupantes, al notar la presencia policíaca, intentaron escapar, por lo que se inició una persecución que culminó en las oficinas de una línea de transportistas ubicadas en el centro del municipio de Chalco, donde los presuntos delincuentes descendieron de los vehículos para intentar escapar.

La PGJEM informó que los elementos de ambas corporaciones ubicaron a los probables responsables, quienes se identificaron como Oswaldo Flores Espinoza, de 26 años; Ricardo Ramírez Luna, de 35; Leonardo Espinoza Ruiz, de 24; Carlos Antonio García Rayón, de 18; Nancy Hernández Hernández y Ariana Sánchez Chávez, ambas de 22 años, así como dos menores de 17 y 15 años.

Al revisar las camionetas, los agentes localizaron dos armas largas y una corta, además de 48 cartuchos útiles de diferentes calibres y dinero en efectivo, presuntamente producto de la extorsión.

La Procuraduría mexiquense señaló que las primeras indagatorias indican que podría tratarse de miembros de una banda delictiva de Michoacán, la cual se dedica a la comisión de diversos delitos, como extorsión y secuestro en los municipios de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco.

Los adultos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial de la PGJEM, quien inició la carpeta de investigación correspondiente.

Posteriormente quedaron a disposición de un juez, quien decretó la legalidad de su detención y se encargará de determinar su situación jurídica.

Los menores de edad fueron presentados ante el juez especializado en adolescentes.