MILENIO DIGITAL | FELIPE LARIOS GAXIOLA
28 de agosto de 2015 / 09:14 a.m.

Hermosillo.- La Procuraduría General de Justicia de Sonora consignó a 16 implicados en la compra venta ilegal de menores recién nacidos, que era coordinada por un funcionario del gobierno estatal.

El titular de la dependencia, Carlos Navarro Sugich, explicó que desde 2012 este grupo participó en la comercialización de al menos nueve bebés, por cada uno de los cuales pidieron de entre 80 mil a 150 mil pesos, y más de 15 mil por el falso aviso de nacimiento.

Precisó que el funcionario implicado es Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, coordinador de la línea telefónica Protege, organismo que fue creado para reportar a niños en situación vulnerable y que depende de la Procuraduría de Defensa del Menor.

Añadió que Arzate detectaba a recién nacidos en el Centro de Atención Integral a Menores del Hospital Infantil, que es el área donde se determina si los menores son aptos para continuar con sus madres o familiares cercanos.

Los bebés provenían de madres en estado de extrema vulnerabilidad, es decir, que sufrían de problemas de drogadicción, alcoholismo u otras enfermedades que les impedían hacerse cargo de sus hijos.

Dijo que Arzate estaba asociado con José Hernández López, ex director jurídico de la Unión Ganadera Regional de Sonora, quien era el encargado de enlazar a los servidores públicos corruptos con los probables padres adoptivos.

Navarro Sugich manifestó que hasta ahora han detectado nueve adopciones ilegales desde 2012, y que entre los consignados se encuentran las 14 personas que compraron a los bebés y se ostentaron ante la Dirección General del Registro Civil como los padres biológicos de los recién nacidos.

Aclaró que hasta ahora no ha sido detenido ninguno de los implicados.

Dio a conocer que la investigación inició por una denuncia anónima interpuesta el pasado 18 de marzo, y que hasta ahora "la causa sigue abierta", por lo que no descartó que en los próximos días haya nuevas solicitudes de órdenes de aprehensión contra más involucrados.

Aunque el fiscal no especificó contra quienes más van, funcionarios revelaron que se trata de más empleados del Centro de Atención Integral a Menores, así como de más personas que realizaron el trámite ilegal de adopción.

Navarro Sugich, ofreció que informará sobre el avance del caso y las previsibles detenciones que esperan hagan los detectives de la policía destacados en este caso de tráfico de menores.

Descartó que los niños hayan sido enviados a Estados Unidos y añadió que varios de ellos, sin precisar el número, ya se encuentran en custodia de la Casa Hogar Unacari, dependiente del sistema estatal DIF.

Pidió que las madres que no están bajo investigación y cuyos hijos fueron vendidos, que se acerquen a la Procuraduría de Justicia para tratar de que obtengan "una segunda oportunidad con sus bebés".