MILENIO DIGITAL
29 de noviembre de 2016 / 08:23 a.m.

MÉXICO.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) creará un Fondo de Emergencia para atender a familiares de víctimas de los homicidios ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, donde fueron asesinados connacionales y migrantes.

El objetivo del fondo es facilitar los pagos de gastos de alimentación, hospedaje, traslados internacionales para los procesos de notificación, toma de muestras y entrega de restos humanos.

La comisión explicó que el Fondo de Emergencia que se acordó crear atenderá lo relacionado con los homicidios ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 cuando se descubrió el asesinato de 72 migrantes, y la del año 2011 cuando se encontraron en esa misma zona 47 fosas clandestinas.

Indicó que con los recursos de este fondo también se atenderá a las víctimas de los hechos de Cadereyta, Nuevo León, en donde se realizó el hallazgo de 49 dorsos humanos en 2012.

Durante una reunión de trabajo se acordó iniciar la reparación integral a las familias de las víctimas identificadas.

"Otro de los puntos de acuerdo de esta junta fue agilizar los trámites de reembolso y de pagos funerarios a través del Fondo de Emergencia de Desaparecidos, así como establecer una ruta de comunicación entre la Asesoría Jurídica Federal y la Dirección General de Finanzas, ambas pertenecientes a la CEAV, para pagar anticipadamente los traslados internacionales cumpliendo el Protocolo de Notificación, Localización e Identificación de restos", indicó en un comunicado.

Precisó que los pagos funerarios, de alimentación, hospedaje y traslado se realizarán con recursos del Fondo de Emergencia para atender a familiares de las víctimas.

En la reunión de trabajo participaron el comisionado presidente de la CEAV, Julio Hernández Barros, las directoras generales Atención Inmediata y Primer Contacto, Mercedes Peláez Ferrusca; de Asuntos Jurídicos, Anabel Naachiely Romero López; del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, Elba Matilde Loyola Orduña, así como miembros de la Comisión Forense, como Rodolfo Cordova Alcaraz, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, y representantes de Amnistía Internacional.