Dan formal prisión a 4 por condicionar apoyos sociales en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal dictó auto de formal prisión contra cuatro personas que se desempeñaban como servidores públicos de la Sedesol en Veracruz, mismos que fueron acusados por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República por presuntamente condicionar apoyos sociales a cambio de votos a favor del PRI durante la gestión de Javier Duarte.Entre los sujetados a proceso penal destaca el ex coordinador operativo de Sedesol, Ranulfo Márquez Hernández; el subdirector de área, Felipe Sosa Hernández; el enlace de Atención Ciudadana, Cesar A, y el enlace operativo, Graciela Tejada, hija de Tomás Tejada, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

El juez consideró que las cuatro personas son probables responsables del delito contemplado en el artículo 407, fracción III del Código Penal Federal, en el que se establece que se castigará al servidor público que destine de manera ilegal servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, en apoyo de un partido político.A los acusados se les responsabiliza de haber destinado de manera ilegal servicios (Programas de Desarrollo Humano) a su cargo, durante el período comprendido entre los meses de marzo y abril de 2013, cuando asistieron a diversas reuniones de trabajo partidista, celebradas indistintamente en el municipio de Boca de Río, Veracruz.Como funcionarios públicos participaban en la planeación de la campaña electoral del PRI, al cual proporcionaban y ponían a su disposición información sobre los padrones de beneficiarios del programa social federal denominado "Oportunidades", así como las listas de candidatos a ser beneficiados por el programa social "65 y Más" o "Pensión para Adultos Mayores", con la finalidad de dar de alta, incluir a dichos Programas y beneficiar con los mismos, a ciudadanos y ciudadanas que fueran afines a dicho partido político.Con su actuación, detalló la Fepade, los inculpados vulneraron el adecuado desarrollo de la función pública electoral que abarca la organización y realización de los procesos electorales, así como la equidad e igualdad de condiciones en la contienda electoral.