NOTIMEX
23 de octubre de 2016 / 07:35 p.m.

MÉXICO.- Como parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la CNDH dirigió las recomendaciones M-01/2016 y M-02/2016 al gobierno de Nuevo León y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, de forma respectiva, por situaciones de riesgo detectadas en los centros de detención.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) explicó que los documentos emitidos son resultado de los informes iniciales 3/2015 y 1/2015, donde se hizo mención de las situaciones que no fueron atendidas y requieren atención inmediata.

Respecto al primer reporte, el organismo nacional detalló que en los centros de reclusión de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico, en Nuevo León, persiste la sobrepoblación y condiciones de hacinamiento.

También hay insuficiencia de suministro de alimentos, instalaciones en malas condiciones, en particular sanitarias e hidráulicas, y carencia de instalaciones adecuadas para mujeres y los hijos de las internas que viven con ellas.

Indicó que en las agencias y fiscalías del Ministerio Público de Veracruz falta asignación presupuestal para dar alimentos a las personas detenidas y la omisión de supervisión directa de los encargados de las agencias del Ministerio Público para verificar el estado de las personas puestas a disposición.

Entre las medidas solicitadas por esas condiciones, la CNDH recomendó al Gobierno de Nuevo León realizar acciones para garantizar que todas las personas recluidas reciban alimentos suficientes y hacer una evaluación del mantenimiento de los reclusorios para ofrecer condiciones de habitabilidad e higiene.

Para la Fiscalía General de Veracruz
, el organismo autónomo solicitó asignar una partida presupuestal suficiente para garantizar el abasto de alimentos en el Ministerio Público, implementar una bitácora de registro al respecto y realizar las gestiones para construir o habilitar las instalaciones

Agregó que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura contará con un registro de sus recomendaciones emitidas, con la finalidad de evaluar el avance de las acciones por parte de las autoridades.