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Dividen a la Corte delitos cometidos por militares

Ministros analizan si los soldados involucrados en ilícitos contra la salud deben ser juzgados en tribunales civiles.

México

México.- El tema del fuero militar una vez más dividió a la Corte, la cual analiza si los soldados involucrados en delitos contra la salud deben ser juzgados en tribunales civiles.

La discusión derivó de un amparo directo en revisión que atrajo la Corte, el cual quedó pendiente por resolver en septiembre de 2012, cuando abordó diversos temas que atañen a militares, derivado del caso Rosendo Radilla; en aquella ocasión, el alto Tribunal resolvió que el personal castrense sí puede ser juzgado en el ámbito ordinario cuando comete ilícitos contra civiles.

El presente caso tiene que ver con un elemento del Ejército acusado de permitir la salida del país de un cargamento de mariguana; el quejoso impugnó que su juicio se está desarrollando en el orden militar y no en el federal.

El octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito sostuvo que el delito contra la salud puede ser juzgado por el tribunal militar cuando se comete por un integrante de la Defensa Nacional que se encuentra realizando funciones encomendadas.

El soldado argumentó que el tribunal colegiado no realizó una interpretación correcta al artículo 13 constitucional, que establece los casos en los que subsiste el fuero militar; es decir, respecto a los delitos y faltas contra la disciplina militar.

Hasta el momento, tres de cinco ministros se han pronunciado por que los militares sean juzgados en tribunales castrenses, siempre y cuando esos delitos no sean cometidos contra civiles.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo coincidió con el tribunal colegiado en que debe entenderse que en las tareas que le son encomendadas como miembros del Ejército, en el ejercicio de sus funciones públicas, es uno de los principales ámbitos en los que como miembros de las fuerzas castrenses deben observar disciplina militar, realizando dicha función con total apego a su deber, como garante del orden nacional.

"De ahí que se estime correcta la consideración relativa a que se actualiza la competencia de los tribunales militares para juzgar los delitos del orden federal cuando son cometidos por militares en servicio, cuando se comete por un miembro del Ejército al realizar las funciones que les han sido encomendadas", explicó.

Los ministros Luis María Aguilar Morales y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena coincidieron con Pardo.

Sin embargo, sus homólogos José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero expresaron su desacuerdo.

Cossío señaló que en tiempos de paz el fuero militar se debe limitar a los delitos y faltas contra la disciplina militar siempre que los sujetos activo y pasivo sean militares, y se encuentren en los espacios indicados en la segunda parte del artículo 129 constitucional; solo en estos casos, abundó, corresponde conocerlos a la competencia militar.

"Por el contrario, si se comete un delito dentro de los espacios definidos por la segunda parte del artículo 129, pero se encuentra involucrado un civil, entonces será competencia de la justicia ordinaria", añadió.

Olga Sánchez recordó que de conformidad con lo resuelto en el caso Radilla, si los actos delictivos cometidos por una persona que ostenta la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios y, en el caso concreto, el quejoso fue condenado por el delito contra la salud en la modalidad de permitir la extracción del país de mariguana.

El antecedente

El 9 de septiembre de 2012, la Corte determinó que los soldados que cometan delitos contra civiles en el ejercicio de sus funciones tendrán que ser procesados por jueces ordinarios.

La sentencia fue porque un juez federal de Morelos no quiso el juicio que se inició en el fuero castrense contra el coronel José Guadalupe Arias, acusado de encubrir el asesinato de Jehtro Sánchez, ocurrido en Cuernavaca.

Posteriormente, la Corte conoció de 27 casos más, en los que también determinó que corresponde a la justicia ordinaria y no al fuero castrense juzgar a militares que falsean declaraciones.

FOTO: Milenio

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