MILENIO DIGITAL
3 de agosto de 2016 / 09:03 a.m.

MÉXICO.- Empresarios aglutinados en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) amagaron con presentar en ceros sus declaraciones de impuestos debido a las pérdidas millonarias ocasionadas por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la imposibilidad del gobierno de restablecer el orden.

Además dejaron abierta la posibilidad de realizar paros de labores a partir del próximo día 17.

En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó una demanda de amparo ante tribunales del Poder Judicial por los actos u omisiones de los tres órdenes de gobierno, incluidos el Ejecutivo federal, ante las acciones violentas del magisterio disidente.

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Concanaco, acusó que en los meses que han durado las manifestaciones, las empresas se vieron imposibilitadas para realizar sus actividades, por lo que demandó al gobierno que se les exenten el impuesto de nómina, el ISR, IMSS e Infonavit.

Incluso pidió que cuando se restablezca el orden en los estados afectados se den ayudas económicas a fondo perdido a los empresarios afectados.

“Trabajadores, empresas y sociedad hemos sido excesivamente tolerantes con los tres órdenes de gobierno, que han permitido la impunidad, la violencia y la percepción de que en México cualquiera puede violar la ley sin recibir castigo. Esta situación de ingobernabilidad lamentablemente está permeando ya al exterior”, indicó Solana al dar lectura a un pronunciamiento de los afectados.

Solana Sentíes señaló a Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Ciudad de México y Guerrero como las entidades que reportan los daños más serios a las actividades productivas.

Adelantó que están elaborando un listado de empresas y daños, los cuales, en días pasados, ascendían a 7 mil 500 millones de pesos; dijo que también la Guelaguetza, en Oaxaca, fue boicoteada y las reservaciones en Chiapas cayeron hasta 80 por ciento.

Por separado, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, puntualizó que en la demanda que interpusieron señalan como responsables al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño; a la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez; a los gobernadores de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, y a los congresos de estas entidades.

“El sector patronal presentó una demanda (…) por los actos y las omisiones de la autoridad federal, de las estatales y municipales que han violado los derechos fundamentales de los mexicanos, reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales, de cara a las acciones violentas que ya a lo largo de once semanas ha protagonizado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)”, señaló a su salida de los tribunales.

Acompañado por los presidentes de los centros empresariales de las entidades que han reportado mayores afectaciones, De Hoyos dijo que el recurso interpuesto obedece a que ya son 82 días de actos contra ley por parte de integrantes de la coordinadora, “ante la evidente falta de capacidad del Estado para restablecer el orden”.

Manifestó que los daños causados por la disidencia magisterial ya son incuantificables y podrían ocasionar, según algunos analistas, una pérdida de hasta 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Por ello, consideró que “es inadmisible” la capacidad del Estado de hacer valer la ley y restablecer la paz, pues hasta hoy no hay una respuesta concreta para solucionar el conflicto.

Por los bloqueos carreteros de la CNTE, acusó, muchas empresas ya carecen de insumos, ya que los proveedores no pueden llevarlos a sus destinos, a tal punto de esta situación puede contribuir a la desaceleración de la actividad económica.

“Que se actúe para restablecer la paz, (que) se respeten las garantías individuales de libre tránsito, y el derecho al trabajo, la educación y la libertad económica”, exigió, al sostener que la sociedad espera una respuesta puntual e inmediata de los tres niveles de gobierno.

De Hoyos Walther indicó que las negociaciones entre el gobierno federal y la CNTE deben ir más allá de decisiones unilaterales y violatorias de la ley, como lo es el pago de salarios a comisionados que no trabajan o la reinstalación de profesores que no cumplen con la evaluación contemplada en la reforma educativa.