JUAN PABLO BECERRA-ACOSTA
4 de junio de 2016 / 11:45 a.m.

México.- Si algún abogado de Joaquín El Chapo Guzmán cree que cuando su cliente sea extraditado a Estados Unidos podrá gozar de clemencia, o tener privilegios como los que estaba acostumbrado a saborear en México… se equivoca.

Se equivoca rotundamente.

Allá, del otro lado de la frontera (del otro lado de esa misma línea divisoria que tantas veces violó con largos túneles para llevar a cabo descomunales trasiegos de droga), lo que le espera a quien fuera el prófugo más buscado en ambos países es la severidad del sistema judicial estadunidense.

Con lo que se van a topar Guzmán Loera y sus defensores es con pesquisas meticulosamente realizadas por agencias de seguridad de Estados Unidos, con expedientes sólidamente documentados por fiscales, y con la severidad de inclementes jueces.

Al menos eso es lo que presume Estados Unidos que le espera al líder del cártel de Sinaloa

El gobierno estadunidense no va a negociar nada, absolutamente nada con Joaquín El Chapo Guzmán y sus abogados hasta que éste sea extraditado.

“Nos pueden buscar los abogados y no hay nada que hablar hasta que él esté aquí, que quede claro”, dice a MILENIO un fiscal que forma parte del caso que se ha elaborado contra el criminal.

“Cuando llegue, si decide cooperar, veremos”, expone por su parte un funcionario del Departamento de Estado que platica con el reportero.

Una vez que Guzmán esté en territorio estadunidense, en una prisión de máxima seguridad, será la defensa del criminal mexicano la que, si quiere, tendrá que solicitar al gobierno de Estados Unidos un plea bargain, un acuerdo con la Fiscalía que lleve su caso.

Pero si El Chapo y sus jurisconsultos sueñan con que eso implique algún tipo de triquiñuela, o la posibilidad de un embute, de una transacción para que el reo la pase bien, la realidad gringa los va a abofetear severamente:

“Nosotros no negociamos. La interpretación está mal. Más que un acuerdo, un plea bargain es un conjunto de tácticas que tenemos en nuestro sistema de procuración e impartición de justicia para combatir el crimen organizado, para derrumbar sus cárteles, para enfrentar criminales contra quienes tenemos casos muy sólidos y cuyos testimonios no nos resultan indispensables en nuestros casos, para nada, sino, en todo caso, para robustecer otros expedientes”, explica un fiscal relevante que trabaja los asuntos de extradición que le interesan a Estados Unidos.

Si El Chapo y sus litigantes desean un acuerdo con la fiscalía que lleve su caso, podrían tenerlo, pero no será como quizá ellos imagen cada vez que pronuncian la palabra “acuerdo”. No, no se trata de invocar las impunidades e inmunidades que caracteriza al mundo narco, acostumbrado a corromper todo a través de pactos criminales.

Un plea bargain se les podría conceder… “siempre y cuando El Chapose declare culpable”, precisa un importante fiscal que está inmerso en el caso y cuya identidad no debe ser revelada.

Sí se declara culpable de antemano, desde el inicio del proceso, de todos o buena parte de los delitos que se le imputan, como tráfico de drogas, procedería el acuerdo con la Fiscalía, si es que a ésta le interesa, “pero sin garantía alguna de que un juez le reduzca la condena”, precisan en el Departamento de Justicia.

Una vez que eso ocurra, el capo tendría que cooperar con las autoridades de aquel país para ser sujeto de algunas concesiones, como pudiera ser una posible disminución de su condena, lo cual no determina la Fiscalía, sino el juez de la causa.

Esa cooperación que oferte El Chapo, la información que proporcione, tendría que ser constatada, investigada, confirmada por las agencias de seguridad de Estados Unidos, “y dependiendo de su valía y relevancia para armar otros casos contra diferentes criminales, o para desarticular grupos delincuenciales (el suyo u otros), se acepta”, detalla un funcionario de la DEA que también trabaja casos como el de Guzmán Loera.

“Una vez que las agencias estadunidenses han validado la información (comprobado que sea cierta), y luego de que la Fiscalía confirma la relevancia que pueden tener dichos datos en ese y otros casos más, tal aporte de información se califica en una escala prevista en las leyes estadunidenses”, lo cual le podría ayudar al capo sinaloense para reducir su sentencia unos años, “pero eso no implica ningún privilegio más”, abunda un alto funcionario del Departamento de Justicia.

Y eso no es todo…
Asumamos que El Chapo, ya extraditado a Estados Unidos, pide un acuerdo con el Fiscal, proporciona información suculenta para desmembrar su cártel y otros más, o para desenmascarar funcionarios corruptos en ambos lados de la frontera; o para exhibir empresarios cómplices mexicanos y estadunidenses. O mejor aún, pensemos que da información suficiente para que el gobierno de Estados Unidos logre todo eso junto; y supongamos que ya penó…
diez años allá. Pensemos en 2026, cuando El Chapo se cambie de zapatos en su celda, se acicale el pelo, porque ese día va a quedar libre para viajar de vuelta a las serranías de Durango, Sinaloa o Chihuahua, o a Mazatlán, donde podría cerrar un restaurante a fin de cenar en la intimidad con sus hijos y amigos, o con Kate del Castillo y Sean Penn. Pues no, eso no va a pasar…

“Una vez que cumpla su condena aquí, en nuestro país… podría ser devuelto a México para que sea juzgado por nuevos cargos que tengan las autoridades mexicanas”, confirman tanto funcionarios del Departamento de Estado, como del Departamento de Justicia.

Cuando se acercara la fecha de su libertad (coinciden ambos funcionarios) Estados Unidos avisaría a México para que revisara sus expedientes, y si procediera, El Chapo sería entregado a México en uno de cuatro puntos establecidos en la frontera, o bien, enviado en avión, “a donde nos digan las autoridades mexicanas”.

De hecho, es probable que así suceda pronto (a partir del 11 de junio) con el caso de Héctor El Güero Palma, delincuente que ya cumplió su condena en Estados Unidos y que debe ser liberado ese día.

En Estados Unidos esperan que el gobierno mexicano tenga algo sólido contra él, ya que “nunca como ahora” las agencias de Estados Unidos y los cuerpos de seguridad de México (PGR, Policía Federal, Ejército, Marina) habían “tenido tan buena y eficiente cooperación”, aseguraron funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia y de la DEA consultados por el reportero.
“No tenemos ningún favorito (entre los cuerpos de seguridad mexicanos), con todos ya trabajamos impecablemente”, afirmó quien trabaja en el Departamento de Estado.

Gracias a eso, el experimentado agente de la DEA que platica con este reportero construye una imagen:

“Estamos quitando uno a uno los ladrillos que forman esos muros que son los cárteles, sobre todo los ladrillos financieros que los hacen sólidos. Y no es solo porque decomisamos droga o armas, o capturemos a los líderes, sino porque les estamos quitando el dinero, sus recursos, y eso es lo que los hace confundirse, desesperarse, tambalearse y derrumbarse”.

Eso sí, reconoce que, a pesar de la captura de El Chapo, el cártel de Sinaloa todavía tiene “muchos ladrillos firmes”, como para sentenciar que ese muro ya está inservible, que ya está desmantelado.