EUGENIA JIMÉNEZ | MILENIO
22 de septiembre de 2016 / 07:58 a.m.

MÉXICO.- El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó cuatro días antes del secuestro y asesinato de dos sacerdotes católicos en Poza Rica, Veracruz, acerca de la violencia existente en México contra ministros de culto de distintas iglesias.

En su documento “México: informe de 2015 sobre la libertad de culto”, dado a conocer el 15 de septiembre, plasmó su preocupación por “la muerte de sacerdotes, las amenazas contra monjas católicas y los abusos denunciados a cristianos evangélicos”.

EU advirtió sobre la violencia contra sacerdotes días antes
“Unos 520 sacerdotes habrían sido víctimas de extorsión durante el año”, se lee en el informe. | AP
EU advirtió sobre la violencia contra sacerdotes días antes
Una de las entidades más peligrosas para los sacerdotes es precisamente Veracruz. También el Estado de México y Guerrero.| AP

En su expediente, hecho público también por la Embajada de Estados Unidos en México, el gobierno estadunidense cita como una de sus fuentes de información al Centro Católico Multimedia, el cual informó que “los sacerdotes y otros líderes religiosos en algunas partes del país continuaron siendo blanco y recibieron intentos de extorsión, amenazas de muerte e intimidación, a menudo de grupos delictivos organizados”.

De acuerdo con el CCM, “grupos delictivos intimidan a sacerdotes por medio de amenazas a sus feligreses”.

Informó que una de las entidades más peligrosas para los sacerdotes es precisamente Veracruz. También el Estado de México y Guerrero.

El CCM expuso —se cita en el documento— que hubo “una disminución en el número de sacerdotes asesinados”, de seis en 2014 a dos en 2015; sin embargo, las extorsiones son un calvario para los curas: “Unos 520 sacerdotes habrían sido víctimas de extorsión durante el año”, se lee en el informe.

También cita casos de desaparecidos: “No se conoce aún la suerte que corriera el padre Carlos Ornelos Puga, quien desapareció en noviembre de 2013 en La Victoria, Tamaulipas, y el padre Santiago Álvarez Figueroa, desaparecido en diciembre de 2012 en Zamora, Michoacán”.

Se menciona que desde el 21 de octubre del año pasado “se informó que funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado habían destacado la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos, incluidos los líderes religiosos” en México.

Para elaborar el informe sobre Libertad de Culto de 2015 representantes del Departamento de Estado recibieron los datos sobre los asesinatos de sacerdotes del CCM, donde se menciona que en los últimos 25 años han asesinado a 52 clérigos en México.

El International Christian Concern, en su reporte entregado a los funcionarios estadunidenses, dio a conocer que “los informes de prensa, los sacerdotes y otros líderes religiosos continuaron siendo objeto de ataques por su labor humanitaria y fueron víctimas de intentos de extorsión, amenazas de muerte e intimidaciones por parte de grupos delictivos organizados”.

A los representantes del Departamento de Estado, quienes visitaron el país para reunir información en meses pasados, se les presentaron varios casos de agresiones a religiosos, como el ocurrido el 29 de junio, donde “tres monjas habrían sido atadas, amordazadas y agredidas por desconocidos en su casa parroquial en Matías Romero, Oaxaca. Las monjas Enedina Bertha Rincón, Juana Guzmán y Enedina Ávila Hernández fueron atacadas nueve meses después que el párroco, Victorino López Nolasco, sufriera una agresión en el mismo pueblo.

“En ambos casos, se mantuvo a las víctimas como rehenes durante varias horas. En una declaración emitida el 30 de junio, el obispo de Tehuantepec condenó los ataques. Una organización católica declaró que se abrió una investigación, pero que aún no había habido avances para finales de año (2015)”.

El informe destaca que “algunos grupos evangélicos declararon que se produjeron incidentes de abusos y discriminación por motivos religiosos, y el gobierno o bien no respondió o no respondió adecuadamente. Hubo informes de protestantes que fueron presionados para convertirse, desplazados y detenidos, además de sufrir la destrucción de sus bienes a manos de líderes locales en Chiapas y Oaxaca”.