22 de enero de 2014 / 12:31 a.m.

México.- Autoridades mexicanas y representantes de la etnia yaqui firmaron hoy un acuerdo sobre la distribución del agua, que busca poner fin al conflicto derivado de la construcción de un acueducto en el noroccidental estado de Sonora.

La Secretaría de Gobernación (Interior) informó en un comunicado que el convenio garantiza agua para consumo humano en Hermosillo, la capital de Sonora, al tiempo que se respetan los derechos de las comunidades yaquis y de campesinos de la región.

El acuerdo fue firmado en Ciudad de México por los Gobiernos de Sonora y Sinaloa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno federal, líderes de la etnia yaqui e integrantes del Movimiento de Defensa del Agua.

Según los términos del pacto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) controlará y administrará el trasvase de agua de la presa El Novillo a la capital sonorense a través del Acueducto Independencia las 24 horas del día.

Por su parte, los dirigentes yaquis se comprometieron, una vez cumplidos los términos del convenio, a levantar el bloqueo que mantienen en la carretera federal Ciudad Obregón-Guaymas, en el sur de Sonora.

"El acuerdo se logró gracias a la suma de voluntades de todos los actores (...) sin menoscabo de la consulta pública que Semarnat lleva a cabo por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", señaló el comunicado.

El alto tribunal emitió el 8 de mayo pasado una sentencia en la que ratificó el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre obras que afecten sus recursos.

Esa sentencia confirmó el fallo de un tribunal en Sonora según el cual la autorización concedida el 23 de febrero de 2011 por la Semarnat para la construcción del Acueducto Independencia fue emitida sin respetar el citado derecho a consulta.

Pese a la sentencia del Supremo, el Gobierno de Sonora continuó la construcción del acueducto, que tiene por objeto llevar agua de la cuenca del Río Yaqui para abastecer a Hermosillo.

Los yaquis argumentaron que el proyecto les dificultaría gravemente su capacidad para acceder al vital recurso.

El 7 de agosto del año pasado, la SCJN indicó que la Semarnat "deberá dejar insubsistente" su aval en materia de impacto ambiental y realizar "a la mayor brevedad posible" la consulta a la comunidad yaqui para reponer el proceso de autorización.

"En dicha consulta, deberá recabar los elementos necesarios para determinar la existencia de alguna posible afectación a los derechos de la comunidad indígena", señaló.

EFE