20 de octubre de 2014 / 01:42 p.m.

México.- Medio centenar de funcionarios municipales, incluidos al menos 20 alcaldes de todos los partidos políticos, han sido inhabilitados en Guerrero en los últimos 10 años por actos de corrupción que van desde ocultar presupuestos, alterar sus cuentas públicas y desviar recursos, hasta directamente robar dinero del erario.

Una investigación en archivos de la Auditoría Superior de Guerrero (ASG), da detalles del grado de descomposición que impera a nivel local en la entidad —considerada por Transparencia Mexicana como una de las más opacas y corruptas del país—, donde en los últimos años se ha registrado un severo deterioro en los índices de transparencia y rendición de cuentas que, entre otras cosas, ha dado pie a una mayor penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno.

Hasta ahora, en el periodo que va de 2005 a 2014, la ASG ha sancionado por enriquecimiento ilícito y diversas irregularidades administrativas a alcaldes de Mártir de Cuilapan, Tetipac, Ayutla, Igualapa, Cocula, Pedro Ascencio Alquisiras, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan y Marquelia, además de otros tantos municipios, según se establece en el documento "Ex servidores públicos sancionados", en poder de este diario.

No son casos aislados. En sus caídas los alcaldes suelen arrastrar áreas enteras de sus gobiernos. Y es que de acuerdo con los datos obtenidos, que un servidor público guerrerense decida forrarse los bolsillos de dinero ajeno y romper la ley es algo más común de lo que pudiera esperarse: además de presidentes municipales, un alto número de tesoreros, directores de obra y otros burócratas han sido descubiertos robando del erario o actuando al margen de la ley, propiciando acciones disciplinarias por parte de la Auditoría. El descontrol es de un nivel tal que incluso se han dejado de recibir durante varios años los estados de cuenta pública de ciudades enteras.

Ese es el caso, por ejemplo, de Apolonio Álvarez Montes, alcalde de Igualapa de los Libres en los periodos 1994-1996 y 2005-2008. Durante su segunda gestión ni siquiera se molestó en enviar a la Auditoría los libros de las cuentas públicas del municipio, lo mismo que Adrián Salvatierra Flores Soto, alcalde de Pedro Ascencio Alquisiras, cuyo cargo concluyó en 2008. Ambos son priistas.

En Cocula, en 2008, el alcalde Jacobo Guadarrama Ocampo, del PRD, no solo optó por no enviar al gobierno de Guerrero sus cuentas públicas, sino que contrató a distintos familiares cercanos como servidores públicos y organizó juegos de azar con cargo al erario.

En lo que toca a Daniel Torres García, alcalde perredista de San Miguel Totolapan entre 2002 y 2005, se le inhabilitó durante 10 años al no poder comprobar el paradero de 12 millones de pesos del erario. Pese a eso, fue hecho diputado federal en el periodo 2009 a 2012. Otro ejemplo de dinero desaparecido es el ocurrido durante la gestion de Santos Gonzaga, presidente municipal de Cuetzala del Progreso entre 2009 y 2012. Se le encontró culpable del desfalco de 20 millones de pesos. Fue inhabilitado junto con los siguientes servidores públicos: Anastacio Díaz Bárcenas, ex tesorero y Roberto Alarcón Ortega, ex síndico procurador.

Pero las sanciones no se limitan solamente a PRI y PRD. Rubén Estrada Guadalupe, de Movimiento Ciudadano, desvió 42 millones de pesos o 93% del presupuesto total fiscalizable de Copalillo, municipio que gobernó entre 2009 y 2012. Fue inhabilitado junto con casi toda su estructura de gobierno, incluidos Edgardo Ramírez Catalán, ex tesorero; Gregorio Gabriel Alfonso, ex síndico procurador, y Elfego Ramírez Ramírez, ex director de Obras Públicas.

Ygnacio García, presidente de Xochistlahuaca (2009-2012) tiene el récord: ocasionó a su municipio un daño por 102 millones 851 mil 148 pesos, lo que representa 100 por ciento del presupuesto que recibió la localidad en 2012. Y si bien el dinero es el principal blanco de estos funcionarios, también se han desviado propiedades de los municipios, como revela el caso de Adrián Mora Ramírez, alcalde de Zapotitlán Tablas entre 2011 y 2012: fue acusado de retener 146 toneladas de fertilizante. Como colofón, desvió 8 millones de pesos de Banobras que habían sido asignados a la construcción de infraestructura que jamás fue construida. Fue inhabilitado junto con Abel Vázquez Rodríguez, ex Tesorero, y Teodelfo Pérez Garcia, ex síndico procurador.

Los anteriores son solo algunos de varios casos que dan cuenta de la problemática que enfrenta la entidad en materia de gobernabilidad y que reflejan una cultura política altamente vulnerable a la corrupción por parte del crimen organizado. Y en la que el castigo no siempre está garantizado: Algunos de los funcionarios que forman parte del listado de la auditoría están fugados y otros desaparecidos, aunque la mayoría simplemente se hicieron merecedores a una sanción administrativa y continúan con sus vidas. Los periodos de inhabilitación para ocupar cargos públicos pueden ser irrisorios: de 2 a 10 años.

Lo cierto es que en el el listado de funcionarios sancionados de la ASG ningún partido está exento. Militantes de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Verde han sido encontrados culpables de desfalcar a sus ciudades o asignar obras de forma sospechosa, sin cumplir con la normatividad.

CONGELAN FONDOS DE LA ALCALDÍA DE IGUALA

La Procuraduría General de la República (PGR) ordenó congelar las cuentas del ayuntamiento de Iguala, para evitar que los recursos pudieran ser desviados y transferidos al alcalde prófugo José Luis Abarca.

Por ello, trabajadores administrativos no cobraron su quincena el pasado miércoles. Para evitar otro conflicto, ahora social, el gobierno de Guerrero y la PGR determinaron el sábado pasado que pudiera pagarse la nómina y evitar la parálisis del municipio.

Las cuentas bancarias de Abarca fueron congeladas como parte de las indagatorias que realiza la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y, en consecuencia, los recursos financieros del municipio a los que pudiera tener acceso para facilitar su desplazamiento, pues la PGR lo busca en todo el país como uno de los responsables de la desaparición de los normalistas y la muerte de seis personas el 26 de septiembre.

Las investigaciones de la PGR señalan a la titular de Administración y Finanzas de Iguala, María Eva Salmerón Rodríguez, como operadora financiera del alcalde, prófugo desde el pasado 30 de septiembre.

El síndico Mario Castrejón Mota confirmó que las cuentas bancarias fueron congeladas, lo que generó inconformidad entre los más de mil 500 trabajadores del ayuntamiento.

FOTO: EspecialVÍCTOR HUGO MICHEL