MILENIO DIGITAL
4 de marzo de 2017 / 06:45 p.m.

GUERRERO.- El diputado local del Congreso de Guerrero, Saúl Beltrán Orozco, a quien las autoridades han tratado de vincular con Raybel Jacobo Almonte, líder del grupo criminal Los Tequileros, interpuso un amparo que fue admitido a trámite contra el proceso de desafuero, que enfrenta por el delito de homicidio.

La defensa del legislador solicitó la protección de la justicia federal en la Oficialía de Partes del Consejo de la Judicatura Federal, pues consideró que en este caso existen "graves violaciones al debido proceso".

Gonzalo Nava, abogado del diputado, argumentó en la solicitud de amparo que no se respetó el derecho de audiencia de su cliente ni se le dio oportunidad de presentar pruebas a su favor.

Esto en relación a la orden de aprehensión que se giró en su contra por el asesinato de José Antonio Zeferino Gil, trabajador de la Presidencia Municipal de San Miguel Totolapan, Guerrero.

Según la investigación, el 24 de septiembre de 2014 el empleado fue secuestrado de su domicilio por un grupo de la delincuencia organizada apoyado por policías municipales y, posteriormente, asesinado.

Se presume que Zeferino Gil fue testigo del secuestro del párroco de la iglesia de San Miguel Totolapan, José Acuña, quien ofició un bautismo en el que presuntamente Beltrán Orozco y Jacobo de Almonte se hicieron compadres.

El abogado del diputado local sostuvo en la solicitud de amparo que el Ministerio Público incurrió en diversas anomalías y aseguró que el legislador es inocente de las acusaciones.

Afirmó también que la orden de aprehensión, girada por el juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, "está viciada de origen".

Según el penalista, la orden se concedió sin cumplir los requisitos que establecen la Constitución de Guerrero y la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

Manifestó que independientemente de la inocencia del legislador, se violó el principio de estricta aplicación de la ley penal en su perjuicio.
Indicó que las acusaciones del Ministerio Público están plagadas de inconsistencias y contradicciones entre los testigos de cargo presentados por la autoridad y reiteró su inocencia.

Además, explicó que la solicitud de desafuero no es procedente porque el artículo 31 de la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos de Guerrero establece que "para ejercitar la responsabilidad penal de los servidores públicos con inmunidad constitucional se requerirá agotar previamente la declaración de procedencia ante el congreso del estado".