Milenio digital 
5 de septiembre de 2016 / 05:39 p.m.

CIUDAD DE MÉXICO.- Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales las leyes anticorrupción de los estados de Chihuahua y Veracruz que les permitían contar con fiscalías, contralores y magistrados a modo.

Los gobernadores César Duarte y Javier Duarte han estado en medio de señalamientos sobre malos manejos de recursos, a pesar de estar a punto de terminar su mandato.

El pleno de la Corte determinó que los congresos locales de ambas entidades no podían legislar sobre la materia por existir una "veda" que establecía la reforma constitucional aprobada en mayo de 2015, que advertía la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

La reforma constitucional mandató que el Sistema Nacional Anticorrupción - Federación y entidades federativas-, estaría conformado por dos leyes, que no se habían publicado y que no habían entrado en vigor: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Dicha reforma previó que los estados tenían que esperar a la expedición de las mencionadas leyes generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajustaran al Sistema Nacional; mientras esto ocurría, las leyes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas, tenían que continuar vigentes.

Sin embargo, el congreso de Chihuahua legisló y adaptó sus leyes sobre la materia el 12 de junio de este año, mientras que Veracruz hizo lo mismo un día después.

Fue hasta el 18 de julio del presente año, cuando el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, donde aseguró que éste representa un cambio de paradigma que dota al país de nuevos instrumentos para fortalecer la integridad en el servicio público y erradicar la corrupción.

Siete días antes del anuncio, por instrucciones de Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso las acciones de inconstitucionalidad en la Corte en las que impugnó las modificaciones aprobadas por los congresos locales de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, con la que se pretendía blindar a los mandatarios estatales que dejarán sus cargos en noviembre de este año y en abril de 2017.

La Corte determinó que su fallo invalida cada una de las acciones que pudieron llevar a cabo dichas entidades mientras tuvieron en vigor sus leyes anticorrupción.