angélica mercado
25 de diciembre de 2015 / 05:07 p.m.

Ciudad de Méxicio.- En la vía de los hechos, el Mando Único Policiaco ya se concretó en el país en 90 por ciento, y a partir del 1 de enero, estado o municipio que no firme convenios con la Federación no podrá acceder a los recursos federales para el combate a la delincuencia —previstos en el nuevo fondo que se formalizará el mes próximo—, una vez que el gobierno decidió desaparecer de la Ley de Presupuesto el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), con todo y sus reglas de operación vigentes.

Una vez frustrada la intención de legislar el mando único obligatorio, tras un año de intentos, el gobierno federal cambió su estrategia para presionar a los gobiernos locales a firmar los convenios de coordinación.

De acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto, hasta el pasado 15 de diciembre 90 por ciento de los municipios del país ya firmó los convenios para homologar el mando único a escala nacional; 17 de las 32 entidades también han suscrito dicho instrumento, y nueve están por concluir el proceso.

Además, cinco entidades habían firmado el convenio con algún municipio.

"Lo anterior representa 72 por ciento del total de los municipios del país y 86 por ciento de la población beneficiada", presumió el jefe del Ejecutivo en su escrito enviado al Senado con motivo de las llamadas preguntas parlamentarias.

Destacó que Baja California Sur es la única entidad que no ha firmado convenios con ninguno de los municipios hasta la fecha.

El senador Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, confirmó que la desaparición del Subsemun y la creación de un nuevo fondo implicará nuevas reglas y estado o municipio que no coopere con el nuevo mecanismo de coordinación en el combate a la delincuencia, simplemente no accederá a los recursos federales para la seguridad pública.

Respecto a si en la vía de los hechos, mediante estos convenios, se infiere que ya no es necesaria la aprobación de la reforma para homologar el mando único en el país, el legislador hidalguense concluyó que quien no los firme se quedará sin recursos, y una vez que el Senado no ha discutido la iniciativa presidencial, en un año, habrá que valorar si finalmente se desecha.