MILENIO DIGITAL
20 de agosto de 2016 / 08:57 a.m.

MÉXICO.- El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, dijo en entrevista que en el enfrentamiento de Tanhuato no hubo “venganza” del gobierno por los ataques cometidos días antes por el cártel de Jalisco Nueva Generación contra fuerzas federales, los cuales derivaron en asesinatos de gendarmes y militares, así como en el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea; fue una circunstancia, una coyuntura”, aseguró.

Negó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) haya atado de manos a la Policía Federal (PF) en la lucha anticrimen al emitir un informe y recomendación en los que sostiene que federales “ejecutaron de manera arbitraria” a 22 de los 42 civiles muertos en el enfrentamiento en el rancho El Sol, en ese municipio de Michoacán.

Por el contrario, destacó, la CNDH es “una aliada” y “no una adversaria” del gobierno federal para garantizar que las acciones de seguridad se cumplan con apego a derecho.

Puntualizó que el titular de la PF, Enrique Galindo, se mantiene en el cargo hasta el momento, como responsable directo de más de 36 mil federales desplegados en todo el país.

En este caso, el funcionario federal pidió respetar el principio de presunción de inocencia no solo de los policías, sino de los mandos de la corporación.

Un día después de que el ombudsman Luis Raúl González Pérez dio a conocer un informe de 696 páginas enviado a la CNS y al gobierno de Michoacán, Sales manifestó que corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) y, en su caso, al Poder Judicial de la Federación determinar, mediante sentencia condenatoria, si hay responsabilidad penal de servidores públicos por los hechos de Tanhuato.

Sin embargo, garantizó que “no encubriremos ni solaparemos a nadie, por lo que vamos a actuar plenamente conforme a derecho”.

El funcionario manifestó que está en marcha una estrategia particular contra el cártel de Jalisco y su presunto líder, Nemesio Oseguera, El Mencho, quien es objetivo prioritario.

—¿Cómo se llega a la presunción de que los 42 fallecidos en Tanhuato eran delincuentes?

—La región en la que se encuentra el rancho desde hace tiempo está vinculada con el cártel de Jalisco. Días antes ahí mismo se advirtió la presencia de casi 700 personas, pero además hay una denuncia de la dueña del rancho que dice: delincuentes se metieron a mi propiedad y están armados; va a la delegación de la PGR y ordena que intervenga la PF.

—El informe de la CNDH señala que hay 22 ejecuciones, se dirá que es un crimen de Estado.

—Por esos días de 2015 se había derribado el 1 de mayo un helicóptero del Ejército, mueren militares y federales y habían ultimado a gendarmes.

“La PF acude al rancho en un escenario hostil, son recibidos a balazos y responden igualmente, hay un enfrentamiento. ¿Qué sucede si hay uso irregular, si hay uso ilícito de la fuerza?, vamos a actuar en consecuencia, vamos a poner a disposición lo que se nos requiera, hemos colaborado estrechamente con la CNDH para esclarecer estos hechos, ahora corresponde a la PGR también integrar la averiguación y decirnos si efectivamente hubo uso ilícito de la fuerza en algunos casos”.

—Mediáticamente impacta el término ejecución que usó la CNDH.

—Ese es el punto y por eso hay que utilizar los términos con extremo cuidado; si se advierte la presencia de homicidios a cargo de servidores públicos de la Federación ¿quién tendrá que determinar esto?, pues la PGR al ejercer la acción penal y un juez de distrito al emitir después de un proceso sentencia condenatoria.

—La CNDH aseguró que su informe es técnico y científico.

—No lo dudo en lo mínimo, por supuesto, pero le corresponde a la autoridad ministerial y a la autoridad judicial determinar lo que hace a un proceso penal.

—Los ataques del cártel, el helicóptero derribado, ¿por esto se puede especular sobre una venganza?

—No, esto es una circunstancia, son las condiciones que imperaban en el terreno. Si alguien dispara contra un helicóptero, lo derriban y matan a los tripulantes y el helicóptero que está sobrevolando en Tanhuato advierte que tienen abajo un lanzacohetes, un lanzagranadas, pues el que está maniobrando la aeronave va decir: “Nos van a derribar también. No es venganza, es circunstancia, es coyuntura, pero precisamente por eso estamos en la mejor disposición de aclarar y de que se siga investigando.

—En Tlatlaya quedó el antecedente de que no todo lo que la CNDH afirma es comprobable judicialmente.

—Así es, los militares fueron absueltos por el Poder Judicial Federal, y bueno, en este caso nadie puede ejercer la acción penal por una ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial, porque no existe como tipo penal.

—¿Considera que el informe del ombudsman ata de manos a la PF sobre uso de la fuerza por más justificado que sea?

—No, yo creo que fue muy claro el presidente de la comisión y el primer visitador para reiterar que el uso legítimo de la fuerza, el uso prudente de un lado de la fuerza es absolutamente válido, cuando el Estado se ve en la necesidad de emplearlo.

—El titular de la CNDH dijo que respondieron el informe muy rápido…

—Nos acogemos a los puntos recomendatorios, y por eso es que salimos con tanta rapidez, según lo que dice el presidente de la comisión, lo hicimos porque éstos son muy claros, nos piden colaborar en la investigación, aportar los datos que sean necesarios, capacitar a nuestra gente en materia de derechos humanos, colocar instrumentos para videograbar los operativos, todo eso lo estamos haciendo y lo vamos hacer y además consideramos a la CNDH como una aliada para hacerlo, no como una adversaria.