16 de julio de 2015 / 08:15 p.m.

Ciudad de México.- El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, declaró ante el Congreso que junto con la SEP negocia con la cúpula de la CNTE la aplicación de la reforma educativa, porque ya se cansó de llamar a los maestros a no violar la ley y no tiene el estado de fuerza para contenerlos y que le armen zafarranchos.

En reunión de casi cuatro horas con diputados y senadores de la Comisión Permanente, dijo que en Oaxaca hay un esquema de apropiación de la estructuras educativas desde hace 23 años, apuntalado por 83 mil maestros, cuya capacidad de movilización ha superado históricamente a los gobiernos, pero su estado no es rehén de grupos y sí habrá reforma, aunque "hemos tardado poco".

"Desde México se percibe con otra naturaleza, se dice es que el gobernador no actúa, el gobernador es cómplice, los tolera ¡No, no, no no! Nada de lo que pase en Oaxaca que viole la ley el gobernador le gusta, ni lo tolera, ni lo aplaude".

Refirió que "yo me he cansado de descalificarlos y llamarlos a no actuar de esa manera y a integrar las averiguaciones que tengan que ser necesarias. ¿Qué hace el gobernador de Oaxaca cuando llegan, qué le parece, mil maestros a tomar una instalación? Yo no diría estratégia, cualquier instalación, una carretera... yo necesito cuando menos 10 mil elementos para desbloquear eso", respondió a la diputada panista Esther Quintana, que reclamó la tolerancia con los grupos violentos de la CNTE.

El mandatario abundó que no tiene los elementos policíacos suficientes para enfrentarlos "y lo único que va a pasar es que se va armar un zafarrancho y mis policías o salen corriendo o salen con pedradas o sale en una situación que el gobierno no puede poner en riesgo".

Cué justificó el retraso en la aplicación de la reforma educativa al asegurar que se ha privilegiado el diálogo para evitar imágenes de violencia como en otras entidades ya que dañan "la imagen de una entidad que vive del turismo".

Agregó que se han hecho acuerdos con la Secretaría de Educación Pública para posponer los exámenes de evaluación y que estos se realicen en una situación de seguridad.

Ante diputados y senadores de la Comisión Permanente, el mandatario aclaró que su gobierno no es rehén de ningún grupo, sin embargo, no van a permitir que a los maestros rapen o agredan a los profesores que pretendan hacer su evaluación como sucedió en Chiapas.

"Hemos tomado la decisión estratégica, junto con la SEP, que estos exámenes se realicen en otro lugar, de lo contrario tendríamos que resguardar con el Estado la fuerza pública para evitar una confrontación, porque esa era la otra alternativa, es otra alternativa y no la descartamos".

En la reunión, los legisladores del PAN, Verde y Nueva Alianza le recordaron que la ley no se negocia y tampoco se puede aplicar de a poquito.

En ese sentido, el panista Juan Carlos Romero Hicks le dijo que la legislación se aplica al 100 por ciento y le pidió que haga planteamientos si es que considera necesario, ajustes para mejorar la legislación.

En respuesta, Gabino Cué dijo que desde el acuerdo de 1992, hay un esquema de apropiación de las estructuras educativas del estado apuntalando por una membrecía sindical de más de 83 mil trabajadores cuya posibilidad de movilización ha superado históricamente los mecanismos de contención de los diferentes gobiernos de los estados.

"A pesar de nuestra complejidad de nuestras circunstancias la reforma educativa avanza y no se detendrá. El gobierno de Oaxaca tiene un compromiso indeclinable con la legalidad".

Aclaró que no acudió a la Comisión a decir por qué no se puede, sino a explicar que se ha apostado al diálogo para convencer a las cúpulas en el entendido de que los maestros quieren seguir dando clases, capacitarse y sé que rompan los viejos vicios.

"Y esa es nuestra convicción y de la federación para retomar el control de la educación plena y llevar a cabo esta reforma. Lo comento para que no nos sintamos frustrados la reforma educativa está caminado, el FONE se paga por parte de la SEP y eso ya es un avance".

Dijo además que efectivamente se tiene que transparentar la nómina sobre todo cuando hay 600 maestros comisionados, 360 de ellos asociados a tareas sindicales y se les paga.

Cué aprovechó para plantear la necesidad de que el Congreso exponga en el INEE la necesidad de revisar las particularidades de la evaluación en los estados y planteó que se tendrían que revisar las variables, modificar la ley y hacer las ponderaciones que reconozcan la realidad para que los maestros se sientan satisfechos de que su evaluación está en función de su realidad social, económica, lingüística y cultural, porque ello ayudaría mucho.

También pidió que en el presupuesto de este año se destinen recursos suficientes para mejorar las aulas y la tecnología a fin de que los niños puedan contar con internet.