14 de mayo de 2014 / 05:02 p.m.

Colima.- Con la modificación correspondiente al Artículo Primero de la Constitución Política del estado, los diputados locales formalizaron este día la inclusión de Colima al nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y oral.

Aprobado por unanimidad, el dictamen a favor sobre la iniciativa que en ese sentido propuso el gobernador Mario Anguiano Moreno, fue presentado al Pleno por Arturo García Arias y Héctor Insúa García, presidente y secretario, respectivamente, de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado.

La nueva reforma constitucional local aprobada refiere que "en el Estado de Colima, el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y demás bases y lineamientos establecidos en la Constitución Federal".

Establece también que en todo proceso del orden penal, el inculpado, la víctima y el ofendido gozarán de los derechos fundamentales y las garantías para hacerlos efectivos, que les otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros.

Bajo ese contexto, el dictamen señala la necesidad de que Colima cuente con un adecuado sistema penal, "propio de un régimen democrático social y de derecho, garante de víctimas, ofendidos y victimarios".

Menciona además que la reforma constitucional, dará la pauta para que se puedan concretar los proyectos de un nuevo Código Penal, así como de las leyes orgánicas del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia.

"Obligará también a armonizar a estos nuevos conceptos jurídicos todas y cada una de las leyes secundarias que tengan que ver con la administración y procuración de justicia, así como con el sistema de seguridad y la defensoría pública", refiere el documento.

Al someterse a votación el dictamen para la reforma constitucional local sobre el nuevo sistema de justicia penal, los legisladores aseveraron que la adecuación a la Carta Magna colimense, implica un reconocimiento al ejercicio efectivo de los derechos humanos a favor de todo gobernado.

"Un ejercicio, donde la autoridad tiene el deber de velar por promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, a favor de todo individuo", subrayaron.

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