MILENIO DIGITAL
19 de febrero de 2017 / 06:48 a.m.

MÉXICO.- Durante cuatro años, la Procuraduría General de la República (PGR) intentó en tres ocasiones negar la reparación del daño a tres mujeres indígenas otomíes, que en 2006 fueron acusadas y sentenciadas a 21 años de prisión, por el presunto secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

Después de un proceso judicial de más de una década, el próximo martes 21 las tres mujeres recibirán en voz del titular de la PGR, Raúl Cervantes, la disculpa pública pero, sobre todo, el reconocimiento de su inocencia y que no cometieron ningún delito ante integrantes de su comunidad, en la que fueron estigmatizadas por haber estado en prisión.

Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial
fueron detenidas en 2006 en su comunidad, Santiago Mexquititlán, perteneciente al municipio de Amealco de Bonfil, en Querétaro. Bajo engaños y sin intérprete, pues ninguna hablaba español, fueron acusadas del presunto secuestro de seis policías; en el caso de Alberta Alcántara, fue acusada por posesión de narcóticos (cocaína).

Nunca les explicaron los motivos por los que las acusaban ni tampoco sus derechos, todo lo supieron hasta el día de la sentencia, que les fue dictada en 2008 a Jacinta, y en 2009 a Alberta y Teresa.

La organización internacional defensora de Derechos Humanos Amnistía Internacional las declaró “presas de conciencia”, por ser mujeres, indígenas y pobres; la Cámara de Diputados integró una comisión especial para investigar las violaciones a sus Derechos Humanos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el recurso de apelación interpuesto para determinar, una vez analizado, que eran inocentes y, por tanto, revocar la sentencia y ordenar su libertad.

El proceso estuvo plagado de irregularidades, entre ellas que los agentes federales de investigación que fueron llamados a comparecer no se presentaran, argumentando tener “otras actividades”, o que los testigos tampoco se presentaran.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que asumió la defensa legal del caso de Jacinta en 2008 y de Alberta y Teresa en 2010, señala que tampoco se acreditó la plena responsabilidad penal de las tres mujeres indígenas.

Pese a ello, la PGR impugnó en tres ocasiones para evadir su responsabilidad de reparar el daño, pero sobre todo para evitar reconocer su inocencia.

De acuerdo con una solicitud de información realizada por el Prodh a la PGR para conocer cuántas indemnizaciones había otorgado de 2006 a 2016, la instancia respondió a partir de 2009 a 2016. De acuerdo con la información proporcionada, de 206 indemnizaciones solicitadas por daño moral, la dependencia impugnó 82.