MULTIMEDIOS DIGITAL | Reuters
6 de septiembre de 2015 / 03:01 p.m.

Monterrey.- El presidente Enrique Peña Nieto dijo que el Gobierno tomará en cuenta el resultado de las investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), las cuales revelaron que los 23 normalistas de Ayotzinapa no fueron quemados en un basurero de Cocula como lo habían confesado los cinco detenidos en el caso.

“He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI”, tuiteó el mandatario.

También publicó que ordenó a las dependencias del Gobierno de la República que analicen cada una de las recomendaciones que presentaron este domingo los expertos.

El Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) señaló que un gran número de fallas en la investigación y dijeron que hay indicios de que los cinco detenidos que confesaron el crimen fueron torturados.

La fiscalía federal presentó en enero lo que llamó "la verdad histórica" sobre los estudiantes, señalando que fueron confundidos con sicarios de un grupo de la delincuencia organizada en Iguala, asesinados y quemados en el basurero del pueblo vecino de Cocula.

Sin embargo los expertos, entre los que se encuentran la fiscal colombiana Angela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz, pidieron un peritaje al especialista peruano José Torero -quien participó en los estudios posteriores al derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York- que estableció que en el lugar no hubo un incendio de las dimensiones para quemar 43 cuerpos.

De acuerdo a la estimación de Torero, para incinerar 43 cuerpos deberían de haberse utilizado 30.1 toneladas de madera y el fuego tuvo que arder por 60 horas. Además, la llama tendría que haber alcanzado siete metros y el humo 300 metros, lo que habría llamado la atención de la población.

"Hay enormes contradicciones entre el peritaje y las versiones dadas por los inculpados (...) Ese evento (la quema en Cocula), tal y como ha sido descrito, no pasó", dijo el español Carlos Beristain, uno de los integrantes del grupo.

El informe, de casi 500 páginas, fue entregado al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, después de presentarlo.