27 de noviembre de 2014 / 04:20 p.m.

México.- Una juez federal analizará si la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) incurrieron en posibles violaciones en la extradición a Estados Unidos de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo.

Alfredo es uno de los tres líderes del cártel que lleva sus apellidos y quien días antes de su entrega contaba con una suspensión, derivado de un juicio de amparo que promovió.

En la demanda de garantías, el narcotraficante no reclamó el acuerdo de extradición de la SRE, sino que solo se agotarán sus procesos judiciales en México, ya que no ha recibido sentencia.

Según el juicio de amparo 1559/2014 radicado en el juzgado sexto de distrito de amparo en materia penal en Jalisco, Alfredo Beltrán se quejó por "la errónea aplicación de las fracciones 2 y 3 del artículo 15 del Tratado de Extradición" firmado entre ambos países.

"Se hace hincapié que el acto reclamado no se trata del acuerdo de extradición dictado por el secretario de Relaciones Exteriores de este país el 26 de noviembre de 2013, ni tampoco alguna consecuencia directa o indirecta del mismo", se señala en la petición.

El pasado 28 de octubre, la juez Yolanda Cecilia Chávez Montelongo otorgó una "suspensión de plano" para que las cosas guardaran el estado en que se encontraban.

"… es decir, para que no se lleve a cabo la orden de extradición temporal y traslado de Alfredo Beltrán Leyva a Estados Unidos, derivado de la aplicación del acuerdo de protocolo de 17 de noviembre de 1997", suscrito entre las dos naciones.

La juzgadora requirió a las autoridades señaladas como responsables le informaran si El Mochomo había promovido otros juicios de amparo, con lo cual el capo buscaba demostrar que tenía procesos penales pendientes.

Sin embargo, el 15 de noviembre del presente año fue entregado en extradición a los estadunidenses.

El 19 de enero de 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón comenzó el mayor número de extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos, pues en esa fecha se entregó a 15, entre ellos al líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, y Héctor Luis El Güero Palma Salazar, uno de los dirigentes del cártel de Sinaloa.

La representación legal de los mencionados barones de la droga, así como de 13 más, promovieron amparos ya que argumentaron que hasta ese momento no existía la llamada extradición "temporal o diferida", y solo está a la vista el protocolo que firmó en Washington, el entonces procurador general de la República Jorge Madrazo Cuéllar, con su homóloga estadunidense Janet Reno.

Mientras, el IFAI instruyó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dar a conocer la versión pública de los documentos de ingreso, salida y traslado de Joaquín Guzmán Loera, Inés Coronel Barrera y Rafael Caro Quintero a diversos penales federales, luego de que se indicó que la información se encontraba clasificada como confidencial y reservada.

Un particular solicitó copia de documentos que están contenidos en el expediente único de cada uno de las tres personas.

La respuesta del sujeto obligado indicó que la difusión de esos datos podría poner en riesgo la vida, integridad y seguridad, tanto de cada una de las tres personas mencionadas, como del personal que labora en los centros penitenciarios.

El particular interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, turnado al comisionado Óscar Guerra Ford.

Se modificó la respuesta del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y se le instruyó dar la versión pública de los documentos.

FOTO: EspecialRUBÉN MOSSO Y MÓNICA GARCÍA