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22 de abril de 2015 / 06:48 p.m.

Ciudad de México.- El Senado dictaminará hoy las reformas al artículo 73 constitucional, con las que arranca la discusión para sancionar el delito de desaparición forzada y tortura en México, tras los hechos ocurridos el año pasado en Ayotzinapa, Guerrero.

El dictamen de reformas a discutir en comisiones unidas prevé dotar al Congreso de facultades para legislar en este tema y contiene un articulado transitorio que fija un límite de 6 meses para emitir las leyes correspondientes.

En el dictamen circulado a los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia, las tres comisiones de Estudios Legislativos y la de Derechos Humanos se indica que se reforma el artículo 73, fracción XXI, para establecer que el Congreso de la Unión podrá expedir "las leyes generales en materias de secuestro; trata de personas; delitos electorales; tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y desaparición forzada de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones".

En los transitorios se estipula que el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales dentro de los 180 días siguientes al entrar en vigor el decreto.

"La ley general en materia de desaparición forzada de personas deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas".

La legislación en materia de desaparición forzada de personas, de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las entidades federativas y de la Federación, "continuará en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expide a las leyes generales referidas en el Transitorio anterior".

Asimismo, los procesos penales iniciados con fundamento en dicha legislación, así como las sentencias emitidas con base en la misma, no serán afectados por la entrada en vigor de dichas leyes generales.

"Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de estas últimas".

En la exposición de motivos se hace notar que el espíritu de las 8 iniciativas presentadas al respecto, entre ellas la que plantearon ayer los coordinadores Emilio Gamboa y Carlos Puente, atiende a la necesidad de que los delitos de tortura y de desaparición forzada de personas se encuentren contemplados en la Constitución para dar facultades al Congreso de la Unión a fin de que pueda expedir las leyes generales.

"La asignación de dicha facultad legislativa permitiría homologar los tipos penales y las sanciones -como mínimo-, sin demérito de otras previsiones propias en materia, por ejemplo, de medidas cautelares o de atención a las víctimas y los ofendidos de esos ilícitos penales, así como precisar el orden jurídico aplicable por los diferentes ámbitos de competencia en cada uno de los órdenes de gobierno".

Lo anterior, para prevenir, combatir y erradicar ese tipo de ilícitos, "pues menoscaban derechos fundamentales de las personas relacionados con el más amplio disfrute de las libertades personales".

A través de sus comisiones, el Senado concluye que la desaparición forzada de personas es un delito que constituye una violación múltiple a los derechos humanos y resulta impostergable que México tome medidas contundentes para que este delito se encuentre adecuadamente previsto en las leyes.

Esto con el fin de sustentar su adecuada prevención, las acciones de la autoridad de procuración de justicia para su investigación y el establecimiento de las responsabilidades penales que procedan, así como en materia de sanciones adecuadas a quienes perpetren esta conducta ilícita.

"Se trata de conductas en las cuales, al verse involucrados servidores públicos y autoridades de cualquier orden de gobierno, nos reclaman contar con un orden constitucional que permita al Congreso de la Unión expedir una ley general en la materia, en la que se establecerá la concurrencia y coordinación de los tres órdenes de gobierno".