30 de junio de 2014 / 01:30 p.m.

México.- La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, Verónica Beatriz Juárez Piña, propuso crear un registro nacional de sentenciados por el delito de abuso sexual y suspenderlos definitivamente de su relación laboral, además de la pena de prisión que resulte.

En un comunicado, la perredista explicó que ello se debe al incremento de casos de abuso sexual infantil cometidos por personal docente en escuelas del país.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que dicho registro está contenido en una iniciativa que adiciona el Artículo 72 Bis de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y reforma el 266 Bis del Código Penal Federal.

Detalló que la adición sería que quien haya sido sentenciado por esos delitos será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado.

Dicha determinación podrá tomarse sin que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas, añadió.

Además, la Secretaría de Educación Pública difundirá en su página de Internet el nombre de la persona sentenciada, la institución donde impartía clases y la ubicación del plantel.

La iniciativa refiere que el abuso sexual en escuelas del país constituye un grave problema del que no existen mecanismos efectivos que protejan a las víctimas y castiguen a los delincuentes.

La diputada consideró inaceptable que quien tiene la obligación del cuidado y la protección de niñas, niños y adolescentes emprenda acciones totalmente contrarias a la ley.

"No podemos permitir que estos delitos se sigan cometiendo. Por ello, se hace necesario castigar severamente a las y los docentes que abusen sexualmente a las niñas, niños y adolescentes", puntualiza.

Es preciso crear una base de datos a la que tengan acceso no sólo las autoridades educativas, sino también los particulares, a fin de informar sobre los docentes sentenciados por abuso sexual y violación contra menores.

El documento, turnado a las Comisiones Unidas de Justicia y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, menciona que es alarmante la incidencia de estos delitos en escuelas.

Sin embargo, agrega, no se pueden tener cifras exactas del problema porque no se denuncian.

Indica que la Consulta Infantil y Juvenil 2012, que desarrolló el Instituto Federal Electoral, revela que entre casi cuatro y 10 por ciento de niñas, niños y adolescentes reconocieron algún grado de violencia sexual en sus casas y escuelas.

“Si tomamos en cuenta que en nuestro país residen 32.5 millones de niñas, niños y adolescentes, aproximadamente 3.25 millones (10 por ciento) han sufrido algún tipo de violencia en sus escuelas”, estima la legisladora del PRD.

Refiere que de octubre a diciembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió nueve recomendaciones por casos de abuso sexual contra 66 menores en diferentes estados del país.

De acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Exclusión (2009), Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media Superior, de tres millones 700 mil jóvenes en bachillerato, cinco mil 106 dijeron haber sido víctimas de violación, pero la mayoría ocultó la agresión.

Entre otras entidades, menciona al Distrito Federal, donde en 2011 se iniciaron 50 averiguaciones previas por abuso, hostigamiento sexual y violación cometidos contra estudiantes, la mayoría niñas, en escuelas de educación básica y media superior. Los principales señalados son maestras, maestros, conserjes y compañeros.

En Puebla, en lo que va del año, se han dado denuncias de por lo menos 21 padres de familia por violación. En Guanajuato, de 2010 a la fecha, ha habido 24 abusos erótico sexuales perpetrados por maestros de primaria y secundaria, 19 de ellos en contra de niñas de entre cinco y 16 años.

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