Sin rastro del historial en basurero de Cocula

México.- Personal de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la presidencia municipal de Cocula, Guerrero, información sobre el basurero donde fueron incinerados, de acuerdo con la indagatoria oficial, los 43 normalistas de Ayotzinapa.Así lo informó la encargada del despacho de ese Ayuntamiento, Enriqueta García Pérez, quien explicó que servidores públicos de la PGR entregaron la semana pasada un oficio en el que piden conocer desde cuándo y cómo opera dicho basurero, así como el tipo de desechos que recibe.En entrevista, la también síndica municipal aseguró que en ese momento no se contaba con la información al respecto, pues acusó que la administración anterior priista no ?dejó nada?, por lo que acordaron entregar lo solicitado esta semana.

Sin embargo, García Pérez justificó que hasta el momento no han podido recabar la información por la detención del presidente municipal, Érik Ulises Ramírez Crespo, capturado por fuerzas federales el jueves pasado en compañía de Adán Zenén Casarrubias Salgado, uno de los jefes de la organización criminal Guerreros Unidos.De acuerdo con mandos federales, esa información ya había sido solicitada al anterior presidente municipal, César Miguel Peñalosa Martínez; sin embargo, le fue entregada un día antes de que concluyera su mandato y el priista ya no completó la respuesta.Por su parte, Alfredo Román, secretario general de Gobierno de Cocula, aclaró que tras lo ocurrido el 26 de septiembre del año pasado con los normalistas, se habilitó otro punto como tiradero de basura. Sin embargo, el funcionario dijo desconocer si continúa en operación el de Cocula.

Por su parte, la síndica municipal confirmó que en los próximos días se prevé que se realice el tercer peritaje sobre el caso Iguala acordado entre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH y la PGR.La Comisión Nacional de Seguridad informó que, tras las investigaciones por los hechos del 26 de septiembre, detectó que en esas alcaldías había un presunto vínculo de las policías municipales con el crimen organizado.Por ello, las fuerzas federales tienen facultades de intervenir en delitos del fuero común y en labores de prevención y combate de ilícitos.