MILENIO DIGITAL
16 de mayo de 2017 / 09:01 a.m.

ESPECIAL.- Todo comenzó en Campeche. El origen de la red de corrupción de Javier Duarte y sus cómplices fue en ese estado, lejos de Veracruz.

En 2011, apenas unos cuantos meses después de iniciado su mandato, el entonces gobernador y sus prestanombres adquirieron ilegalmente 630 hectáreas de un ejido en Campeche. Pagaron 20 millones de pesos... con dinero del erario.

Dos años después vendieron a sobreprecio parte de esos terrenos a empresas fantasmas que ellos mismos crearon, según consta en la investigación de la PGR.

Según el expediente, Duarte y sus cómplices hicieron creer que con el dinero que obtuvieron por esa venta —su primer negocio al amparo del poder— consiguieron recursos para concretar decenas de negocios más durante los cinco años que duró el gobierno del ex priista, tiempo en el que crearon una red de corrupción que a la postre dejó en la quiebra a Veracruz.

Para adquirir estas tierras ubicadas en el poblado de Lerma, a 15 minutos de la capital de Campeche, los prestanombres del ex gobernador engañaron a comuneros, sobornaron a líderes ejidales y falsificaron documentos.

Cuando tuvieron oposición amedrentaron a los pobladores, uno de ellos incluso terminó en prisión.

Alfonso Ortega López y Moisés Mansur Cysneros fueron los principales cómplices de Duarte en este negocio. El primero "tenía la obligación de buscar oportunidades para invertir dinero". El segundo fue el principal prestanombre del ex gobernador de Veracruz, según consta en la indagatoria de la PGR.

"Ortega se enteró de la existencia de unas parcelas en Campeche, que pertenecían al núcleo ejidal de Lerma. La compra de esas parcelas era un buen negocio, por lo que Ortega planteó el negocio a Duarte, quien una vez que analizó los detalles ordenó la compra de 21 parcelas", detalla el expediente que le fue leído a Duarte en un tribunal en Guatemala.

Los prestanombres de Duarte se repartieron las tierras: Ortega (cuatro), Juan José Janeiro (tres), Rafael Rosas Bocardo (cinco), y Moisés Mansur Cysneros (nueve).

Pedro Celestino May Can es uno de los ocho ejidatarios de Lerma que desde un principio se opusieron a vender sus tierras a los cómplices de Duarte. Sin saberlo, se enfrentó al ex gobernador y a sus prestanombres, esa lucha lo llevó a la cárcel, acusado de despojo... de sus propias tierras.

Hoy, el comunero que supera los 60 años, de tez morena, ojos claros, cabello y bigote cano, ya está en su casa en Lerma, sentado en su patio que da a la carretera, evoca que esta historia se remonta a 2008.

En ese año, el entonces secretario de Acuerdo del Tribunal Agrario convocó a unos 20 ejidatarios para plantearles un proyecto que llamaron "Un nuevo Campeche", consistía en ampliar a cuatro carriles las calles del poblado.

"Solo les interesó una parte de los ejidos: en Xpicob, en la orilla de la playa, 2 mil 300 hectáreas. Nos dijeron: 'Es terreno que no les sirve a los campesinos, primero porque se muere la siembra por el agua salada, y segundo porque es pura piedra rocosa, ahí no pueden cosechar. Esas tierras que no les sirven a ustedes, esos cerros, eso queremos'", relató May Can.

Según el ejidatario, ese día repartieron camionetas para convencer a los líderes comunales: "Unos aceptaron. Otros pidieron dinero, televisiones o mejoras en sus casas. Cuando llegan conmigo les digo que no quiero, porque vivo de la tierra y no sé hacer otra cosa".

Pedro Celestino aclaró que para 2009, el núcleo de Lerma ya había sido dividido en parcelas. El trato incluyó entregarles, en tres pagos, 230 mil pesos a los comuneros por la cesión de los derechos a cinco líderes de este proyecto, encabezados por Miguel Velázquez Nieva.

Según las investigaciones de la PGR, este ejidatario fue el enlace con Ortega López y Mansur Cysneros, cómplices de Duarte.

Para 2011, los prestanombres del enotnces gobernador de Veracruz asistieron por única vez a Lerma para, sin serlo, ser reconocidos como ejidatarios del poblado. Las leyes agrarias refieren que solo comuneros pueden comprar tierras.

"Moisés Mansur Cysneros traía una camisa rosada de mangas largas, bien elegante, y un pantalón de mezclilla. Él y Ortega López traían una carta de avecindados que le extendió la comisaría municipal. Era falsa", recordó May Can.

La pelea que dieron los ocho ejidatarios, y principalmente Pedro Celestino, no fue suficiente: los cómplices de Duarte falsificaron documentos, regalaron camionetas, electrodomésticos y dinero en efectivo para ser reconocidos como ejidatarios y comprar las parcelas.

Lo lograron... pero los comuneros no se quedaron con los brazos cruzados y entonces siguieron su lucha por la vía judicial: interpusieron demandas que, según sus propios testimonios, les costaron ser perseguidos, intimidados, amenazados.

"Me quemaron mi rancho, me mataron 16 animales. Me dispararon", aseguró May Can, quien terminó en la cárcel por cuatro meses. Se declaró culpable para que le dictaran prisión domiciliaria y seguir su tratamiento en casa: asegura que padece cáncer terminal.

En noviembre pasado, ya en casa, personal de la PGR y de Hacienda fue a Lerma, entrevistaron a unos 50 ejidatarios. Les preguntaron por Moisés Mansur Cysneros y Alfonso Ortega López, pero sobre todo por la venta de sus parcelas.

No lo sabía Pedro Celestino ni los demás comuneros, pero con sus testimonios y documentos estaban ayudando a la integración del expediente contra Javier Duarte, hoy acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El primer negocio de Duarte como gobernador es el más sólido que hasta el momento tiene la PGR para buscar la extradición de Guatemala.

"Nunca supe con quién me estaba metiendo, solamente estaba defendiendo el patrimonio de mis hijos", exclamó May Can.

Y es que la promesa en 2008 de "Un nuevo Campeche" hoy es parte del exclusivo Campeche Country Club, una zona cara, en la que se construyen residencias y vialidades reservadas para este sitio.

En eso han convertido el camino de terracería y miles de árboles. También edifican al pie de la playa.

Hoy, autoridades locales y los propios ejidatarios exige castigar a los líderes comunales que fueron cómplices, pero sobre todo, piden que las tierras, ya incautadas por la PGR, les sean regresadas...

"Solo queremos justicia, porque este señor le hizo tanto daño a Lerma, dividió familias".