REPORTAJE ABRAHAM REZA
9 de septiembre de 2016 / 12:36 p.m.

COAHUILA.- La tarde del 18 de marzo de 2011 la muerte viajó hasta el municipio de Allende. Eran las cinco y media cuando 40 camionetas con hombres armados sellaron los accesos de la población, sacaron a familias de sus casas, los secuestraron y asesinaron para cumplir una venganza supuestamente ordenada por Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, quien en ese entonces era el líder de Los Zetas.

La masacre no se contó durante cinco años, el silencio marcó al municipio y de ello hay 41 propiedades, las cuales quedaron en escombros.

De acuerdo al alcalde Luis Reynaldo Tapia, ese día fueron asesinados o desaparecidos más de 200 personas.

“Este problema rebasó al estado, a la Federación y más a la policía municipal. Pero todos estaban en común acuerdo y por lo mismo nadie hizo nada”, reprochó.

De los escasos testimonios de la población y del subprocurador de Personas Desaparecidas y no Localizadas en Coahuila, los sicarios permanecieron en el lugar unas 72 horas.

La mayoría de las víctimas eran familiares de José Luis Garza Gaytán y Héctor Moreno Villanueva, señalados como los cabecillas de esa banda criminal quienes habrían robado entre 6 y 8 millones de dólares al grupo.

Las 34 casas y siete ranchos fueron destrozados a martillazos, balazos e incluso con máquinas demoledoras. Actualmente estas propiedades permanecen como prueba de lo ocurrido.

“Esta es una imagen que ya no queremos y si no hacemos nada los visitantes se van a ver intrigados por saber que pasó. Justo cuando la población esté olvidando, alguien va a preguntar cómo es que terminaron así esas casas y la verdad no queremos que esta herida se convierta en una cicatriz aún más difícil de borrar”, explicó Tapia.

Detalló que el municipio no puede demoler los inmuebles, pues son propiedad privada “y si llegamos a derrumbarlas, nos meteríamos en conflictos con la ley”.

Una de las opciones que propone es levantar una barda de tres metros, que cubra cada una de las casas, pues creen que con ella lograrán olvidar lo ocurrido o, al menos, ocultarlo a la vista.

De estas estructuras, los siete ranchos no representan conflicto, pues se mantienen lejos de la población y la maleza ya ha creado una barrera natural. Sin embargo, las casas son un problema latente que hace que los habitantes recuerdan de aquella tarde en la que les arrebataron la paz.

La presidencia municipal indica que en un principio buscaron a algún familiar lejano que pudiera hacerse responsable de estos edificios en ruinas, pero la mayoría de los dueños están muertos o los hijos ya no quieren regresar al municipio.

El alcalde aseguró que Allende volverá totalmente a la tranquilidad cuando cada uno de estos inmuebles desaparezca o sea cubierto, pues si el objetivo de los criminales era escarmentar a los habitantes, el trabajo se cumplió y es momento de mostrar un mejor rostro.

El subprocurador de personas desaparecidas en Saltillo, Juan José Yáñez, aseguró que la búsqueda continúa. A diferencia de los habitantes y del alcalde, asegura que los desaparecidos no son 300, sino 50, de los cuales solo 20 eran empleados y 30 integrantes del crimen organizado.

De esta cifra se sabe que la mayoría fueron quemados en el Rancho los Garza y después tirados a algún río cercano.

Según Yáñez, las investigaciones comenzaron formalmente hasta abril de 2012, es decir, un año después de lo sucedido.

Los habitantes acusan que fue precisamente en el “Rancho los Garza” donde surgió la violencia y que de ahí se extendió al resto del municipio.

Luego de tres años de investigación, la Subprocuraduría de Desaparecidos aseguró que hay 21 órdenes de aprehensión, de las cuales 14 se han llevado a cabo.

Según el alcalde, Allende vuelve a la tranquilidad: se han abierto comercios y han regresado más de nueve mil habitantes que habían huido; sin embargo, familiares de la fundación Alas de Esperanza dijeron que aún falta mucho por hacer, pues no pueden olvidar.