ANGÉLICA MERCADO Y OMAR BRITO
30 de abril de 2015 / 10:47 a.m.

México, D.F.- Por unanimidad y con 108 votos a favor, el Senado aprobó y remitió a la Cámara de Diputados las reformas al artículo 73 que facultarán al Congreso de la Unión a legislar en materia de desaparición forzada de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con lo que se pretende abatir la disparidad que hay en el país para tipificar y sancionar esos delitos con un protocolo homogéneo.

En tribuna, todas las bancadas avalaron esta reforma al calificarla de histórica y de la mayor relevancia, porque permitirá sancionar no solo a los agentes del Estado, sino a los particulares que intervengan.

PRI, PAN, PRD coincidieron en que tras el caso de los 43 normalistas desaparecidos existe un antes y un después en México, y el Congreso no puede tener oídos sordos a un reclamo de la sociedad, pero también a una exigencia internacional.

"No hay nada peor que perder un hijo", lamentó el priista Omar Fayad, pero el perredista Armando Ríos Piter agregó: "Sí hay algo peor: que tus hijos estén desaparecidos y el Estado no te ayude a encontrarlos, que no te dé garantías de no repetición de los hechos y que en México la impunidad tenga una cifra de 98 por ciento".

La reforma al artículo 73, fracción XXI, establece que el Congreso de la Unión podrá expedir "las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, delitos electorales, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y desaparición forzada de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones".

Durante el debate se aprobó una adición propuesta por el perredista Zoé Robledo a la exposición de motivos, con el fin de que se garantice una regulación homologada para sancionar las conductas que atenten contra la libertad de las personas, desaparición forzada, tráfico de personas, secuestro o detención arbitraria.

La priista y presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, dijo que la legislación secundaria deberá establecer como mínimo la definición del tipo penal que vaya acorde a los tratados internacionales, la prevención de la tortura desde el momento de la detención y en todo el proceso, y la prohibición de otorgar valor probatorio a cualquier confesión que se obtenga por medio de tortura.

Mientras que la perredista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, enumeró una decena de tratados internacionales que México ha suscrito y que lo comprometen a homologar su legislación, sobre todo cuando estos delitos tienen una característica común, que es no tener cifras coincidentes.

Expuso que las leyes deberán permitir que en todo el país sean observadas, tener tipos penales homologados, establecer bases de coordinación y distribución de competencias desde los distintos órdenes y garantizar la debida diligencia para preservar la integridad de víctimas y testigos, entre otros fines.

En presencia de invitados de organizaciones de familiares de personas desaparecidas, como el Centro Agustín Pro, Serapaz y otros, el perredista Alejandro Encinas dijo que lamentablemente la desaparición es un delito continuado, no ha desaparecido y hoy alcanza a toda la población, porque en la lucha contra el narcotráfico hay por lo menos 25 mil 821 desaparecidos.