MILENIO DIGITAL
3 de junio de 2017 / 08:43 a.m.

GUADALAJARA.- Han transcurrido cuatro años desde que 75 cadáveres fueron exhumados de 37 fosas clandestinas encontradas en el municipio de La Barca, Jalisco, y hasta el momento el crimen continúa impune, pues las autoridades federales reportan que ninguna persona fue detenida por su relación con el multihomicidio.

La Procuraduría General de la República informó, mediante un cuestionamiento realizado vía transparencia, que de los 75 restos humanos encontrados sepultados a unos metros del Río Santiago, 62 permanecen bajo resguardo de las autoridades.

Según el informe, del total de víctimas, entre las cuales había menores de edad, 58 eran del sexo masculino y 6 mujeres, 64 cuerpos fueron sometidos a exámenes de ADN para poder establecer su identidad, 14 fueron identificados pero sólo 13 reclamados ante el Ministerio Público Federal.

Se reporta que 25 de los cuerpos tuvieron que ser exhumados en la fosa común, mientras que 36 permanecen en el descanso del Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de la República en la ciudad de México, por otro lado, no se brindaron detalles de lo sucedido con un cadáver.

En el documento oficial se informó que ninguna persona fue detenida y procesada por su relación con el multihomicidio.

El 4 de noviembre del 2013, dos Policías Federales Ministeriales, fueron privados de su libertad en Zamora, mientras viajaban en una camioneta Ram, la cual fue encontrada calcinada en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán.

Los gendarmes desaparecidos fueron identificados como René Rojas Márquez y Gabriel Quijados Santiago, ambos fueron localizados sin vida el 16 de noviembre del 2013.

Durante las indagatorias, 20 policías de Vista Hermosa, fueron detenidos señalados de participar en el levantón de los federales, pero también condujeron a las autoridades a los terrenos donde estaban los cuerpos sepultados de manera clandestina.

Los gendarmes fueron absueltos de los casos pues no se les comprobó su relación con el asesinato de las 75 personas. Quien entonces fungía como Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que el crimen estaba relacionado a las pugnas entre los cárteles de los Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación.


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