6 de octubre de 2014 / 11:49 a.m.

México.- En los homicidios y desapariciones de normalistas de Ayotzinapa, ocurridos la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre pasado, no solamente hay responsabilidad de los policías municipales de Iguala (donde ocurrieron los hechos); MILENIO confirmó que las investigaciones ministeriales del gobierno federal también pueden apuntar en unas horas más hacia la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, ya que los cuerpos policiales de ese municipio operan desde mayo pasado bajo el esquema de mando único que comanda el gobierno estatal.

Lo anterior a pesar de que el secretario de Gobierno, Jesús Martínez, afirmó hace unos días que este esquema empezaría a funcionar en Iguala hasta octubre.

El 7 de mayo pasado el gobernador Ángel Aguirre firmó un convenio para establecer el Mando Único Policial en seis municipios de la entidad, los cuales representan 60% por ciento del total de elementos del estado: Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan, Tixtla, Zihuatanejo e Iguala.

En su mensaje durante la ceremonia para establecer dicho acuerdo, realizada en Casa Guerrero, el mandatario local reconoció que la firma de dichos convenios de adhesión representaba "la unificación formal y material de las corporaciones estatales y municipales".

Es decir, que las policías municipales pasaron a depender de la SSP guerrerense. En ese sentido, la policía municipal de Iguala obedece, responde y da cuentas a la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Aguirre subrayó aquel día que dicho acuerdo se realizaba para combatir la inseguridad y la delincuencia "con acciones de reacción y preventivas con armas, patrullas e implementos necesarios, para contar con una policía que inspire confianza ciudadana y sea capaz de restablecer el tejido social, que han pretendido colapsar los enemigos de la ley". En ese momento destacó que la operación del modelo de seguridad con mando único "representa la unificación formal y material de las corporaciones estatales y municipales, con absoluto respeto a la autonomía municipal".

Por ello, la PGR indaga la probable responsabilidad del secretario de Seguridad Pública, Jesús Martínez Garnelo, en los hechos ocurridos en Iguala.

El día del establecimiento de esa forma de operación policial en esas zonas de Guerrero, Aguirre dijo que celebraba "la disposición y el compromiso" de los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Teloloapan, Tixtla y Zihuatanejo para "operar, sin más dilaciones, el modelo del Mando Policial Único, para traducir, en acciones compartidas de gobierno, una estrategia más contundente, precisa y categórica en materia de seguridad pública, cuyos únicos beneficiarios sean, sin excepción, todas y todos los guerrerenses".

Según el gobernador, el mando único representaba, a partir de esa jornada un frente común para "potenciar una mayor planificación, coordinación y ejecución de estrategias de prevención regionalizada, para disminuir la comisión de conductas antisociales, a partir de diagnósticos actualizados, buscando redoblar los controles de confianza, formación profesional y una adecuada y creciente certificación en nuestros elementos policíacos, que regeneren la confianza de la gente en los custodios del orden".

A partir de ese momento, expuso Aguirre, "gobierno del estado y los ayuntamientos nos constituiremos en guardianes intransigentes de la seguridad pública, de todas y todos los guerrerenses".

El martes pasado el presidente Enrique Peña, al referirse a los hecho de Iguala, señaló que en Guerrero hay un "debilitamiento institucional" y pidió que el gobierno de la entidad "asuma su propia responsabilidad". Entrevistado por Joaquín López-Dóriga, acerca de esas declaraciones, Aguirre afirmó que en cuanto a su gubernatura no hay tal "debilidad institucional", pero admitió que en el caso de las policías de Iguala, Acapulco y Chilpancingo sí, ya que están penetradas por el crimen organizado, a pesar de que cientos de efectivos han sido dados de baja en el contexto del mando único.

LAS PESQUISAS

MILENIO confirmó también que en las indagatorias ministeriales del caso de los estudiantes de Ayotzinapa hay pesquisas para saber por qué razón el jefe policial de Iguala, Felipe Flores, no fue requerido inmediatamente por la Procuraduría General de Justicia local. Flores se dio a la fuga después de los hechos, como hizo José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, después de los acontecimientos. Ambos han sido imputados desde el año pasado en varios hechos delictivos de diferente índole.  

CASTIGO EJEMPLAR, PIDEN LEGISLADORES

Legisladores de los distintos partidos exigieron castigo ejemplar por el “crimen artero” contra normalistas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, reafirmó su condena al secuestro y asesinato de jóvenes normalistas en Iguala, Guerrero, y demandó imponer un castigo ejemplar y sin titubeos a los responsables.

El legislador panista Fernando Rodríguez responsabilizó a su vez al gobierno federal y a las autoridades estatales de la “crisis de inseguridad” en Guerrero, así como de los hechos de violencia que derivaron en la desaparición y muerte de los jóvenes.

En tanto, senadores del PRD exigieron que se finquen responsabilidades hasta las últimas consecuencias sobre los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, pero rechazaron la posibilidad de que en Guerrero se nombre un comisionado como sucedió en Michoacán.

El guerrerense Armando Ríos Piter llamó a no politizar la situación de violencia, al señalar que deben agotarse las investigaciones de las instancias judiciales y no pretende sacar raja política de hechos que son lamentables, pero no reflejan un grado de descomposición que se observó en Michoacán.

Foto: Javier Trujillo 

JUAN PABLO BECERRA-ACOSTA M