MULTIMEDIOS DIGITAL
15 de julio de 2016 / 12:27 p.m.

Guerrero.- "Señor presidente, tengo a bien avisarle que han dado la orden de matarlo en este tiempo de clausuras"... por clausuras se refiere a las ceremonias por el fin de cursos escolares a los que en esta región acostumbramos acudir las autoridades municipales, explica Ambrosio Soto, alcalde de Pungarabato, Guerrero, quien tiene ya dos semanas con esa “advertencia”.

Es la primera parte de un mensaje de texto que recibió en su celular hace un par de semanas. No es el primero: durante la campaña para la presidencia municipal en junio pasado, el crimen organizado le exigió que se desistiera de participar.

Pungarabato es uno de los 10 municipios que integran la Tierra Caliente en Guerrero y es el principal centro comercial de toda la región por su colindancia con el Estado de México y Michoacán.

Cuando tomó posesión del cargo, en septiembre pasado, “de bienvenida” el jefe de plaza de la región le pidió un millón de pesos y la orden de a quién colocar como tesorero y director de Obras del municipio.

“De ese tamaño, no podíamos decidir, no se podía resistir, era imposible. Los señores (del crimen organizado) tenían control de todo en la región: policías estatales, federales, inclusive de militares”, enfatizó.

Entonces, el presidente municipal perredista decidió poner su renuncia sobre la mesa ante la dirigencia nacional de su partido con el argumento de que no podía aceptar esta situación; Soto también interpuso una denuncia en la Procuraduría General de la República.

Diez días después, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, encabezaron el relanzamiento del operativo Tierra Caliente, que entonces amplió la presencia de fuerzas federales en esa zona con 400 elementos.

A decir del propio presidente municipal, en Ciudad Altamirano solo hay dos patrullas estatales y unas “cuantas” federales para cuidar a casi 30 mil pobladores... “también quitamos de la administración pasada a más de 30 policías que estaban ligados al crimen organizado”, presumió.

“Policías que no aprobaron el examen de confianza que les hicieron hace dos años, año y medio, los tuvimos que liquidar. Antes no se podía porque el jefe de plaza no lo aceptaba y se les tenía que seguir pagando, aunque estaban al servicio de la delincuencia organizada”, detalló.

La cosa se calmó, recordó el munícipe, pero hace “mes y medio el gobierno federal cometió el error de llevarse a la policía y desde entonces hay por lo menos uno o dos secuestros por semana, las extorsiones regresaron”. Y sí, la semana pasada su chofer fue ejecutado.

Hace unos días, Soto decidió tomar medidas por su cuenta: a pesar de contar con escolta de la Policía Federal, el presidente municipal ya porta su arma de fuego, que “casi siempre cargo”.

Pero el alcalde no se quedó ahí e hizo el llamado a los productores ganaderos de Tierra Caliente, el sector más azotado por la delincuencia organizada en la región, a armarse y defenderse por propia mano…

“Ya desesperados estamos pidiendo a la Sedena que registre las armas. Vamos a las comunidades y le pedimos al batallón que vaya y registre o que vengan a acá a registrar las armas. Y nos vamos a defender, no hay de otra.

“En Tierra Caliente no va a haber otra alternativa. A lo mejor soy pesimista, pero si el gobierno federal no actúa y no extermina a esta delincuencia que tanto daño le ha hecho concretamente a mi municipio, va a ser complicado y nos vamos a tener que armar”, subrayó.