MIRIAM CASTILLO
5 de abril de 2016 / 08:47 a.m.

Ciudad de México.- Un mexicano abre una cuenta bancaria en las Islas Caimán para depositar los ingresos de su empresa que opera en México, sin tener que declarar ante el SAT o bien para pagar menos impuestos. Si el gobierno mexicano quisiera indagar sobre esa cuenta, primero tendría que lidiar con las leyes de la Isla, las cuales están diseñadas para proteger la identidad y la información de los inversionistas que llegan a ese país. Se trata de un paraíso fiscal.

Los paraísos fiscales –legalmente llamados regímenes fiscales preferentes- son territorios que se caracterizan por el secretismo, baja o nula tributación, exención de gravámenes para capitales extranjeros y por otorgar muchas facilidades para constituir y administrar empresas. Estas características los hacen tremendamente atractivos para individuos y empresas que desean eludir sus obligaciones fiscales.

“Este es el esquema que facilitan profesionales de la banca privada y de inversión y de despachos de abogados o auditores, todos muy bien remunerados, para aprovecharse de una economía mundial cada vez más globalizada y con menos trabas”, asegura la organización mundial líder en ayuda humanitaria, Oxfam.

De esta forma las ganancias de las empresas o individuos no se quedan en los países donde realmente tiene lugar su actividad económica.

José Manuel Velderrain Sáenz, socio director del despacho Velderrain, Sáenz y Asociados, aclara que tener cuentas o hacer negocios en territorios considerados como paraísos fiscales no es un delito pero, siempre y cuando se respete la legislación del país del que proceden los recursos.

En el caso de México, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece que se considerará que una persona o empresa está aprovechándose de los paraísos fiscales cuando sus ingresos sujetos a impuestos no estén siendo gravados en el extranjero o cuando lo estén pero con un ISR inferior al 75 por ciento de lo que tendría que pagar en México.

                                    EL DINERO OCULTO  

Un reporte de Oxfam, presentado en enero de este año, señala que el dinero oculto en estos paraísos asciende a 7.6 billones de dólares, una suma superior al PIB del Reino Unido y Alemania juntos, lo que supone una pérdida de 190 mil millones de dólares al año en ingresos tributarios.

El proyecto conjunto, de la OCDE con el G20, contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en Inglés), revela que las pérdidas globales por los impuestos que las empresas no pagan en sus países de operación es de entre 100 mil y 240 mil millones de dólares al año.

“En el caso de los países en vías de desarrollo el impacto potencial es particularmente mayor, dado que su dependencia en la recaudación por este impuesto es generalmente más alta”, señala la organización.

Además de la evasión fiscal, la preocupación de los países que integran los grupos económicos más poderosos del mundo como la OCDE y el G20 es que los paraísos fiscales son “ideales” para lavar dinero.

De acuerdo con el Banco Mundial (BM) cada año, el flujo de dinero por actividades criminales, corrupción y evasión de impuestos es de entre 1 billón y 1.6 billones de dólares.

Organizaciones internacionales ubican a Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Hungría y las Islas Caimán, como los destinos más socorridos para alojar grandes cantidades de dinero gracias a la ausencia de una regulación intrusiva.