13 de diciembre de 2013 / 09:39 p.m.

Bogotá.- El destituido alcalde de Bogotá Gustavo Petro convocó para el viernes a una concentración en la céntrica Plaza de Bolívar, frente a la alcaldía, en rechazo al fallo del Procurador General que lo destituyó por violar normas al cambiar en diciembre de 2012 el sistema de recolección de basura de la ciudad más importante de Colombia, con ocho millones de habitantes.

El procurador general Alejandro Ordóñez prohibió además a Petro, un economista y ex senador de 53 años, ejercer por 15 años funciones públicas.

Según una encuesta divulgada en la jornada un 54 por ciento de los entrevistados se mostró en contra de la decisión del Procurador, frente a 38 pro ciento que estuvo a favor. Un 8 por ciento dijo no saber o no respondió el sondeo realizado a 400 personas en Bogotá el 10 y 11 de diciembre con un margen de error de tres puntos porcentuales. La encuesta fue realizada por la empresa Cifras y Conceptos para la radio Caracol, que la divulgó el viernes.

El impacto del fallo contra el ex guerrillero llegó hasta Washington, donde el nominado por el gobierno de Barack Obama como nuevo embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, dijo ante el Senado que la decisión de la Procuraduría General podría "erosionar" el proceso de paz que lleva adelante el gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde fines de 2012 en Cuba.

Como los dos bandos negocian actualmente en La Habana el tema de la participación política de la insurgencia una vez que se selle la paz, la destitución de Petro retumbó en la mesa de discusiones en la capital cubana. Petro es un ex miembro de la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) que firmó la paz en marzo de 1990. Su destitución ha generado algunas dudas sobre el futuro tratamiento a los miembros de las FARC, dijeron analistas consultados por The Associated Press.

Para el ex comisionado y negociador de paz Camilo Gómez "la decisión del Procurador no genera una buena señal para la guerrilla porque se generó la sensación de que es una decisión más política que jurídica".

"Las FARC se deben estar preguntando si ellos entran a hacer política, si les va a hacer lo mismo", añadió Gómez, para quien el fallo del Procurador fue errado e inconveniente.

El dictamen "es un acontecimiento que implica mucho desánimo para quienes se encuentran en proceso de paz porque lo que uno se pregunta es si esas personas van a confiar en el Estado colombiano", indicó el ex magistrado José Gregorio Hernández y decano de la facultad de derecho de la Universidad del Sinú, en Bogotá.

Sin embargo, casi nadie anticipa que el caso de Petro -elegido en octubre de 2011 por cuatro años- desemboque en una ruptura de los contactos que dieron paso a los diálogos de paz.

Sí vislumbran una reforma legal que frene los poderes de la Procuraduría, una instancia que en Colombia investiga a los funcionarios públicos pero sólo en temas disciplinarios, no penales. La Procuraduría puede aplicar sanciones como la destitución o suspensión de un funcionario en el cargo y Ordóñez ha ejercido tal facultad con decenas de alcaldes, gobernadores, congresistas y ex funcionarios destituidos y sancionados con hasta 20 años de prohibición para ejercer cargos públicos.

El ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez y el fiscal general Eduardo Montealegre han dicho que es urgente la revisión de tales facultades, que de acuerdo con el abogado Rodrigo Uprimny, director del no gubernamental Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad, no existen en otras partes del mundo con la excepción de la Contraloría General de Venezuela.

"Lo que hay es una pena demasiado severa...y (el procurador) demasiado poder", dijo el ex dirigente del M-19 y quien desde entonces ha sido desde ministro hasta congresista, alcalde y gobernador provincial, Antonio Navarro Wolff.

Para que Petro salga del cargo el fallo debe ser ratificado por el mismo Procurador, un conservador opuesto a los matrimonios de parejas del mismo sexo y el aborto, en un dictamen que demoraría varias semanas.

Desde la decisión el alcalde ha recurrido a todos los mecanismos legales en su defensa y sus abogados solicitaron el 9 de diciembre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que disponga una medida cautelar para que el Estado no aplique la sanción en su contra.

El abogado Carlos Rodríguez, uno de los defensores de Petro, indicó el viernes en diálogo telefónico con la AP que acompañará al alcalde el próximo martes en un viaje a Washington donde tiene previsto reunirse con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer su caso.

Ordóñez fue elegido en el Senado en 2008 con el voto de Petro que entonces era congresista y con el apoyo declarado del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), algunos de cuyos ex funcionarios también han recibido sanciones de 20 años de prohibición de ejercer cargos públicos por parte del Procurador. Ordóñez fue reelegido en noviembre de 2012 por otros cuatro años.

AP