EFE
11 de mayo de 2013 / 01:16 a.m.

Caracas • El canciller venezolano, Elías Jaua, dijo hoy que a su país no le preocupa que se haya enviado a la CorteIDH el caso del canal privado RCTV, afirmó que no acatarán ningún fallo de ese tribunal al respecto y aseguró que tendrían que "invadirlos" para obligar al Gobierno a restituirle la frecuencia a ese medio.

"Si la Corte decide que tenemos que restituirle obligándonos a restituirle la frecuencia a un determinado grupo económico en Venezuela, bueno tendrán que invadirnos para obligarnos a acatar una decisión absolutamente contra la Constitución", declaró el ministro de Exteriores durante una conferencia de prensa.

"Así que señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte, si tienen fuerza para venir a imponerle a este pueblo soberano una decisión írrita (...), bueno háganlo, si no van a perder el tiempo con su sentencia", agregó Jaua, quien advirtió que en esas instancias "se compran las sentencias".

Radio Caracas Televisión (RCTV), una cadena privada de línea editorial crítica con el Gobierno, tuvo que dejar de emitir en abierto el 27 de mayo de 2007, después de que la Administración del entonces presidente Hugo Chávez no le renovara el permiso con el argumento de que era una compañía "golpista".

Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consultadas por Efe en Washington informaron hoy que el caso se envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el pasado 28 de febrero, ante la "falta de respuesta" del Estado venezolano sobre el cumplimiento de las recomendaciones que la comisión emitió al respecto en noviembre de 2012.

"La comisión consideró que el motivo de la no renovación de la concesión (de la licencia) fue la opinión política del canal", indicaron las mismas fuentes.

El jefe de la diplomacia caraqueña advirtió que la CIDH en el escrito que envía a la CorteIDH "pretende quitarle, cercenarle, el derecho a los Estados de administrar un bien que es de todos los ciudadanos de un país".

Alertó "a todos los países de América Latina y el Caribe sobre el grave precedente que se estaría creando" si se limita e incluso anula "la competencia que tienen los Estados de otorgar, renovar, prolongar o no las concesiones del espectro radioeléctrico".

Subrayó que "quien tiene la capacidad de emitir esas concesiones es el Estado venezolano en materia constitucional y las puede dar o no".

Indicó que al Gobierno venezolano no le preocupa "para nada" el informe de la CIDH y aseguró que conoce "qué va a pasar en la Corte".

"Ya la sentencia debe estar escrita, pero no la vamos a acatar. De una vez se lo decimos: no la vamos a acatar por inmoral, por tarifada, por anticonstitucional y por violatoria de un principio fundamental, que es la soberanía e independencia de los Estados", puntualizó.

Según la CIDH, el caso de RCTV le permitirá a la CorteIDH, con sede en San José (Costa Rica), pronunciarse "por primera vez sobre las afectaciones al derecho a la libertad de expresión, en sus dimensiones individual y social, como consecuencia de los actos estatales relacionados con la administración de licencias de radio y televisión".

Venezuela denunció el año pasado la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), lo que implica que, de no retractarse, quedará liberada el próximo septiembre de la jurisdicción de la CorteIDH, aunque no de la CIDH.