1 de febrero de 2013 / 12:14 a.m.

Washington DC -Baltimore • La directora del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, culpó hoy de nuevo al Congreso del número récord de deportaciones llevadas a cabo por la Administración de Barack Obama.

En un foro online con líderes hispanos, Muñoz respondió a preguntas de los asistentes y aseguró que la deportación del millón y medio de inmigrantes indocumentados realizadas desde que Obama asumió el cargo responde a las obligaciones que le impone el Legislativo.

"El trabajo del Gobierno es hacer lo que el Congreso le dice que haga. El Congreso, en virtud de las leyes de inmigración que tenemos ahora, nos obliga a deportar a la gente que es 'deportable' y le da al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), francamente, una gran cantidad de recursos para hacer ese trabajo", dijo Muñoz.

La responsable gubernamental subrayó que el DHS ha tratado de dar prioridad a aquellos casos en los que se vieran involucrados inmigrantes con antecedentes penales, pero advirtió de que aún así es necesaria una reforma. "Necesitamos todas las voces, si queremos lograr esto", afirmó Muñoz.

"Todos somos conscientes de que estamos imponiendo y aplicando un sistema que no funciona, y nuestra tarea principal aquí es arreglarlo y para ello se requiere al Congreso de Estados Unidos", dijo Muñoz.

La hispana con mayor rango en la Casa Blanca insistió además en la necesidad de llevar a cabo la reforma con premura, y reiteró que la intención del presidente es que sea promulgada en seis meses.

"No necesitamos diez meses de debate en el Congreso, necesitamos que esto se consiga ya, tener una ley, una votación y que sea implementada", añadió la dirigente, que incidió en que el nuevo sistema debe trabajar para "reunir a las familias que han sido separadas".

Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, confirmó que ayer varios funcionarios de la Administración mantuvieron una conferencia telefónica con líderes empresariales que están a favor de la reforma migratoria como parte del esfuerzo del Gobierno para ejercer presión social y que los legisladores trabajen cuanto antes sobre ella.

"Altos funcionarios del equipo del presidente mantuvieron ayer una llamada sobre la reforma migratoria con una docena de empresarios líderes, incluyendo Steve Case (AOL), Greg Brown, de Motorola; Dan Akerson, de General Motors, y Joe Echevarria, de Deloitte. El presidente continuará con su compromiso con los grupos externos la próxima semana", explicó el portavoz.

Esta semana Obama comenzó su particular campaña para aprobar una nueva ley migratoria con un discurso en Las Vegas después de que varios senadores presentaran una propuesta bipartidista sobre la materia.

La propuesta de los ocho legisladores (cuatro demócratas y cuatro republicanos), que firman y dan peso a este acuerdo marco, podría traducirse en un primer proyecto de ley el próximo marzo y, según el senador demócrata Charles Schumer, ser aprobado "a finales de primavera o principios del verano" por la Cámara alta.

Según explicó Obama en su discurso, la reforma migratoria debe incluir el fortalecimiento de la seguridad fronteriza; una vía para la eventual legalización y ciudadanía de los indocumentados; sanciones para empresas que contraten a sabiendas a indocumentados; un sistema para verificar el estatus migratorio de los empleados y mejoras en el sistema de visas para atraer talento extranjero.

El presidente advirtió de que si el Congreso no llega a un acuerdo para un proyecto común, él mismo presentará su proyecto de ley para que pase a votación en ambas cámaras.

De otra parte, Dick Durbin y Charles Schumer, dos senadores demócratas estadounidenses que promueven una reforma migratoria junto a otros seis legisladores, declararon hoy que confían en que una ley sea votada antes de fin de año.

El grupo de ocho senadores está también en contacto con colegas de la Cámara de Representantes que preparan a su vez su propia versión de esa reforma migratoria, explicó en rueda de prensa Schumer, junto al líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid.

"Creemos que el Senado podrá aprobar la legislación integral al final de la primavera o principios del verano, y eso nos dejará mucho margen para aprobar una ley (en ambas cámaras del Congreso) antes del fin de 2013", indicó Schumer.

El anuncio de un acuerdo de principios de cuatro demócratas y cuatro republicanos para la reforma agitó la escena política en Washington, donde una reforma migratoria ha fracasado varias veces en los últimos años.

El presidente Barack Obama retomó el impulso de los senadores con un discurso en Las Vegas el martes pasado, en el que aseguró que quiere que esa iniciativa contenga una vía clara para que los más de once millones de indocumentados se conviertan en ciudadanos.

"Me siento fortalecido por esas reuniones (con senadores republicanos), hemos resuelto algunos temas bien difíciles", aseguró Durbin en la rueda de prensa. El acuerdo para la reforma debe transformarse ahora en un proyecto legislativo en firme, que sea presentado ante el comité de Asuntos Judiciales de la cámara senatorial.

Ello podría llegar en el primer trimestre del año, creen los promotores de la iniciativa. Obama asegura que quiere dar margen al Senado, pero está dispuesto a presentar su propia iniciativa si el asunto no se mueve suficientemente rápido.

Los 11.5 millones de indocumentados podrían convertirse en ciudadanos siempre y cuando la seguridad en la frontera sea garantizada, señala el acuerdo marco de los senadores.

Schumer precisó que el grupo debe concentrarse ahora en establecer los criterios técnicos sobre esa seguridad fronteriza, definir cómo sería el proceso para alcanzar la ciudadanía y un acuerdo entre empresarios y sindicatos sobre cómo rehacer el sistema de entrada para trabajadores extranjeros.

EFE