21 de noviembre de 2013 / 03:05 p.m.

Los testimonios obtenidos mediante tortura u otros métodos ilegales no tendrán validez en el sistema judicial de China, dictaminó hoy su Tribunal Supremo, que instó a acabar con esta práctica. 

"Hay que excluir los testimonios obtenidos por tortura, como a través del uso del frío, hambre, agotamiento, quemaduras, fatiga u otros métodos ilegales", señaló el Supremo en un comunicado divulgado en su cuenta oficial de Weibo, el Twitter chino. 

El tribunal también insistió a dejar libre a "cualquier sospechoso si no existen suficientes pruebas" para condenarlo y a reducir las sentencias a pena capital. 

"Hay que concentrarse en los hechos, en lugar de las palabras" indicó el Tribunal Supremo, quien también incidió en no validar pruebas personales, como una muestra de pelo o de sangre, sin una evaluación previa de ADN.

Las indicaciones del máximo organismo judicial chino se publican una semana después de que el Gobierno anunciara las últimas -e históricas- reformas sociales y económicas que implementará China, entre ellas la intención de promover la independencia del sistema judicial. 

Los líderes también anunciaron la abolición de los campos de reeducación, cárceles en las que la Policía puede encerrar a cualquier ciudadano hasta cuatro años sin necesidad de pasar por juicio. 

La agresión física y otras torturas a sospechosos y acusados es una práctica extendida en el país asiático, duramente criticada por organizaciones de derechos humanos. 

En octubre, seis funcionarios del Partido Comunista chino (PCCh) fueron condenados a penas de entre 4 y 14 años de cárcel por torturar hasta la muerte a un compañero, sospechoso de haber cometido un delito de corrupción, durante un interrogatorio en el que le sumergieron repetidas veces en agua helada. 

La víctima había sido detenida bajo la práctica conocida en China como "shuanggui", o "doble regulación", el arresto de un miembro del régimen por funcionarios del PCCh para ser sometido a interrogatorios -en ocasiones durante meses- antes de ser entregado a la Justicia para su procesamiento formal. 

Organizaciones como Human Rights Watch o Chinese Human Rights Defenders han insistido en la necesidad de una división real de poderes en el país, donde la Justicia responde a los dictámenes del Partido, y en garantizar que no se violen los derechos de los acusados.

En este contexto, se ha extendido recientemente una práctica en China, las confesiones televisadas de acusados célebres de forma previa al juicio.

Estas declaraciones han sido también fuertemente criticadas por abogados, que denuncian su ilegalidad, y por defensores de derechos humanos, que dudan de la culpabilidad real de los acusados y consideran que fueron coaccionados.

EFE