14 de mayo de 2013 / 10:45 p.m.

 Tucsón • La detención de inmigrantes indocumentados en EU se ha convertido en un millonario negocio para corporaciones dedicadas a la administración de cárceles y centros de detención en estados como Arizona, aseguraron hoy activistas.

"La última cifra que tuvimos es que cada mes se pagan 17 millones de dólares por los indocumentados que son procesados bajo el programa de Streamline en la Corte Federal en Tucson (Arizona)", dijo hoy a Efe Isabel García, abogada y directora de la Coalición de los Derechos Humanos de ese estado.

La Operación Streamline se creó en 2005 en la frontera de Texas y después en Arizona bajo una política del Gobierno Federal de "cero tolerancia" a los inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera.Diariamente en la Corte Federal en Tucson se procesan, de media, a unos 70 indocumentados, que son sentenciados entre 30 a 180 días de cárcel.

En Estados Unidos una de la principales corporaciones dedicadas a la administración de centros de detención de indocumentados y cárceles es Corrections Corporation of America (CCA, por su sigla en ingles), quien el próximo 16 de mayo celebrará su trigésimo aniversario.

En Arizona, CCA opera seis cárceles y centros de detención para indocumentados, por lo que activistas como García aseguran que es el principal beneficiado de Operación Streamline, así como de la aplicación de leyes estatales como la SB1070, que autoriza a los departamentos policiales a cuestionar el estatus migratorio de las personas que "sospechan" no tienen "papeles", lo cual ha resultado en cientos de arrestos.

Una vez que la policía detiene una persona, contacta a Inmigración o a la Patrulla Fronteriza, con lo que se inicia un proceso de deportación, pero, mientras esto sucede, el inmigrante puede pasar varios meses en un centro de detención.

De acuerdo con cifras del Gobierno Federal, en promedio, el encarcelamiento de un inmigrante indocumentado en un centro de detención tiene un costo entre 2,400 a 3,500 al mes. En 2010, CCA reportó ganancias a nivel nacional de 1,670 millones de dólares, 46 millones más que en el ejercicio anterior.

"Estas compañías, como CCA, se dieron cuenta de que es mas fácil encarcelar a los inmigrantes. Casi no hay abogados involucrados en el proceso y las legislaturas estatales están en su contra, como la de Arizona, la cual no solo tiene leyes como la SB1070, sino también existe este programa nefasto donde se criminaliza al inmigrante que conocemos como Streamline", dijo.

Por su parte, Kymberline Q. Charles, organizadora nacional de Grassroots Leadership, expresó su preocupación por lo que pasa en Arizona, especialmente tras conocerse a principios de mes que dos indocumentados guatemaltecos se suicidaron mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro de detenciones de Eloy, operado por CCA.

"El problema de que una corporación haga dinero con el encarcelamiento de las personas es que trate de que estas pasen el mayor tiempo posible en una cárcel o en un centro de detenciones", explicó a Efe.

Indicó que CCA gasta millones de dólares en campañas de políticas y legisladores que apoyan este tipo de medidas y legislaciones y recordó que en la reforma migratoria que actualmente se negocia en el Senado hay una cláusula que pretende triplicar el presupuesto anual para la Operación Streamline. "Esto significa que también se triplicaría el número de inmigrantes encarcelados", 

 — EFE