26 de junio de 2013 / 01:18 p.m.

Washington• Jamás ha existido, en mi opinión, en la historia estadunidense, una filtración más importante que la divulgación hecha por Edward Snowden de los programas secretos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). La alerta que él activó podría equipararse a un “golpe de Estado del Ejecutivo” contra la Constitución.

Desde el 11 de septiembre de 2001, el Bill of Rights, la declaración de los derechos por la cual esta nación combate desde hace más de dos siglos, fue objeto, primero secretamente y luego de forma cada vez más abierta, de una revocación de facto. Las cuarta y quinta enmiendas de la Constitución, que protegen a los ciudadanos de una intrusión injustificada del gobierno en sus vidas privadas, han sido prácticamente suspendidas.

El gobierno afirma que puede ampararse en un mandato judicial en virtud de la FISA, el Foreign Intelligence Surveillance Act, una ley de 1978 sobre los procedimientos de vigilancia física y electrónica y la actividad de inteligencia en el exterior). Pero este mandato es tan amplio que resulta inconstitucional. (…) Afirmar, como lo hace el presidente, que hubo una supervisión jurídica no tiene sentido. El que los líderes del Congreso fueran informados sobre este tema y hayan aprobado todo esto, sin ningún debate público, muestra el estado miserable en el país del sistema de contrapoderes.

Evidentemente, Estados Unidos no es hoy un Estado policial. Pero, en relación con la amplitud de esta invasión de la esfera privada, tenemos la infraestructura electrónica y legislativa de un Estado como tal (…).

Existen numerosas razones para justificar legítimamente el secreto, en particular para todo lo que se recoge de la escucha de las comunicaciones que transitan por las ondas. Es por eso que Bradley Manning, el autor de las filtraciones reveladas por WikiLeaks, y yo mismo —que tuvimos acceso a esas fuentes de información porque estábamos acreditados a un nivel aún más alto que el del top secret— decidimos no divulgar ninguna información clasificada. Y es por eso que Edward Snowden se comprometió a no divulgar la mayor parte de lo que podría haber revelado.

Pero, lo que no es legítimo, es utilizar un sistema basado en el secreto para disimular programas que, de manera flagrante, son anticonstitucionales por la dimensión y las potencialidades de abusos que estos suponen. Ni el presidente ni el Congreso pueden por sí mismos modificar una sola línea de la cuarta enmienda, referida al derecho de los ciudadanos de estar garantizados en su persona, domicilio, papeles y efectos personales, contra los registros y embargos injustificados. Es por eso que lo que Edward Snowden reveló hasta ahora se mantenía en secreto, disimulado al pueblo estadunidense.

En 1975, el senador Frank Church habló de la NSA en estos términos: “Sé que ahí hay todo lo necesario para hacer de la Unión Americana una tiranía, y debemos velar para que esa agencia y todas las agencias que disponen de esa tecnología operen en el marco de la ley, y bajo una supervisión apropiada, de tal suerte que nunca nos hundamos en las tinieblas. De las tinieblas no se regresa.”

La perspectiva funesta que él vislumbraba era que la acumulación de fuerza creciente de las servicios secretos estadunidenses —actualmente incomparablemente más poderosos que todo lo que existía en su época prenumérica— “pueda volverse en cualquier momento contra el pueblo, y que ningún estadunidense sepa ya lo que es la vida privada”.

Esto ya llegó. Es lo que Snowden demostró, con base en documentos oficiales secretos. La NSA, la policía federal (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) disponen, con la nueva tecnología digital, de poderes de vigilancia sobre nuestros propios ciudadanos que ni la Stasi (la policía secreta de la extinta República Democrática alemana) hubiera podido soñar. Edward Snowden mostró que la llamada comunidad de inteligencia se ha convertido en la United Stasi of America.

(…) Snowden actuó como lo hizo porque reconoció los programas de vigilancia de la NSA como lo que son: una actividad peligrosa y anticonstitucional. Esta invasión masiva de la esfera privada de los estadunidenses y los ciudadanos extranjeros, no contribuye en nada a nuestra seguridad. Al contrario, pone en peligro las mismas libertades que se intenta proteger.

DANIEL ELLSBERG/LE MONDE