AP
23 de diciembre de 2013 / 07:26 p.m.

Bueno Aires. — El expresidente argentino Fernando de la Rúa fue absuelto el lunes en un juicio en el que estaba acusado de ordenar el pago de sobornos a senadores para la sanción de una ley de reforma laboral en el año 2000.

En el mismo proceso judicial fueron absueltos el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado Fernando de Santibañes y cuatro ex senadores de la entonces oposición peronista: Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.

La misma suerte corrió Mario Pontaquarto, el ex empleado parlamentario que dijo haber sido el nexo entre el Poder Ejecutivo y los legisladores opositores para el pago de los sobornos por unos cinco millones de dólares.

De la Rúa, de 76 años, defendió su inocencia de la acusación de "cohecho activo" durante el proceso que llevó a cabo el tribunal federal número 5, al que consideró un "calvario". El ex mandatario señaló que "hubo un conjuro de intereses políticos" en su contra.

El ex mandatario leyó una declaración a periodistas a la salida del tribunal en la que manifestó que "este juicio de casi dos años y 300 testimonios demostró la inexistencia de toda sospecha de corrupción para mi gobierno y puso en claro la verdad. Sirvió para demostrar que todo fue una infamia de principio a fin y que el hecho no existió".

Los jueces del tribunal no dieron los argumentos en que basaron su sentencia, que darán a conocer en los próximos meses.

La causa llegó a proceso oral en agosto de 2012 y durante el juicio declararon más de 300 testigos, entre ellos ex empleados de la secretaría de inteligencia, senadores y personal de la casa de gobierno.

La fiscal Sabrina Namer había pedido durante el juicio una pena de seis años de prisión para el expresidente y la inhabilitación para ejercer la función pública por el mismo periodo de tiempo. En tanto, la Oficina Anticorrupción pidió seis años y medio de cárcel.

En 2000 el gobierno de De la Rúa, de la Unión Cívica Radical, impulsó en el Congreso un proyecto de reforma laboral fuertemente resistido por los sindicatos porque implicaba fuertes recortes de beneficios en un contexto de recesión económica. La aprobación de la norma en el Senado necesitó del voto del bloque opositor de los peronistas.