FARC pide democratizar a Colombia antes de entregar sus armas

El grupo guerrillero reclamó "eliminar el carácter presidencialista" del esquema de poder vigente en Colombia, una reforma electoral "que regule la contienda política en equidad e igualdad de condiciones", y garantías para poder ser oposición y gobierno.

 

La Habana ? Las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) propusieron hoy al gobierno de Juan Manuel Santos diez consideraciones "mínimas" para su transformación en organización política, que incluyen desde "la democratización real del Estado" hasta la "redefinición de los poderes públicos".

Asimismo abogaron por "eliminar el carácter presidencialista" del esquema de poder vigente en el país suramericano y una reforma electoral "que regule la contienda política en equidad e igualdad de condiciones", así como "garantías plenas para el ejercicio de la oposición y su derecho a ser gobierno" en Colombia.

Las FARC abogaron también por la creación de un estatuto que obligue al gobierno a cumplir con las garantías políticas y de seguridad que se pacten con la oposición a partir de las conversaciones de paz que este miércoles prosiguieron en La Habana sobre la desmovilización militar de las guerrillas, segundo tema de la agenda de seis puntos en negociación.

Aunque las conversaciones en la capital cubana transcurren desde noviembre a puertas cerradas, los delegados de las FARC suelen adelantar sus puntos de vista al entrar a la sede de las negociaciones, modalidad no empleada por el gobierno, que prefiere los comunicados de prensa transmitidos por email o encuentros puntuales con los medios.

Las FARC demandaron también el reconocimiento de todos los partidos, organizaciones y movimientos sociales opositores, y su derecho a participar de la política, así como ?garantías plenas? a las organizaciones guerrilleras y a sus combatientes para el ejercicio de la política.

Reiteraron además la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que garantice cualquier acuerdo de paz, eventualidad esta última rechazada tajantemente por el gobierno.

MANUEL JUAN SOMOZA